UN CONCESIONARIO PODRÁ EXTRAER MÁS DE 470 MILL. DE LITROS AL AÑO
EL ARTÍCULO 61 DE LEY PROPUESTA POR EL GOBIERNO AVALA QUE UNA SOLA ENTIDAD EXTRAIGA EL EQUIVALENTE AL CONSUMO DE 2,600 FAMILIAS. OENEGÉS TEMEN PRIVATIZACIÓN.
“Marca los límites, pero no marca el techo. No sabemos cómo es el asunto, porque si se sobreexplota el acuífero, ¿quién lo determina? ¿Cuál es el nivel de sobreexplotación que va a tener?”.
Amalia López,
ALIANZA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA.
“Esta cantidad de agua no responde a la magnitud de la crisis, no responde a las necesidades de la gente y además es también una forma de privatizar el agua”. Luis González, UNIDAD ECOLÓGICA SALVADOREÑA (UNES).
La Ley de Recursos Hídricos propuesta por el Gobierno permitiría a un solo concesionario extraer más de 470 millones de litros de agua anuales durante 15 años. Las organizaciones de la sociedad civil que por 15 años han elaborado y presentado propuestas de ley de aguas a la Asamblea Legislativa, ven un tinte privatizador en esta disposición.
El artículo 61 regula dos tipos de autorizaciones para el uso del agua. El nivel 1 es para 473,040 metros cúbicos por año o más, con una vigencia de 15 años, y el nivel 2 es para usos inferiores a los 473,040 metros cúbicos, con una vigencia de 5 años.
Para dimensionar esta cantidad, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) se remite a los cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien estima que una persona requiere a diario 100 litros de agua.
La UNES señala que una familia de cinco personas necesita, entonces, 500 litros de agua al día. Los 437,040 metros cúbicos al año equivalen a 473.04 millones de litros de agua, suficientes para abastecer a más de 2,600 familias de cinco personas durante un año.
“Esto, dar esta cantidad de agua, no responde a la magnitud de la crisis, a las necesidades de la gente y además es una forma de privatizar el agua”, dijo Luis González, de la UNES. Agregó que muchas familias salvadoreñas pagan por un bien que no re
ciben y por eso consideró que autorizaciones de esta magnitud no responden a la visión del agua como bien público ni al derecho humano al agua, dos de los cinco puntos no negociables para las organizaciones de sociedad civil.
También les preocupa el tiempo durante el cual un solo concesionario podrá extraer tal cantidad de agua, puesto que las cuencas podrían someterse a un estrés hídrico mayor al actual.
Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), advirtió que estas concesiones implican una explotación excesiva del bien hídrico. “Es demasiado tiempo el otorgado para la explotación del agua, ya que esa sobreexplotación del recurso lo podría poner en riesgo”, dijo.
Esta semanas, diferentes organizaciones han señalado que los tiempos para los permisos señalados no son coherentes, afirmando que una cuenca con mayor explotación necesita más estudios y tiempos de recuperación. Además, se han pronunciado por la necesidad de un balance hídrico que priorice los usos domésticos y la recuperación de ecosistemas, y a su vez determine la disponibilidad de agua para este tipo de permisos.
“Al tener un permiso de 15 años, esa agua ya está fuera del control del Gobierno, fuera del control de la sociedad civil, fuera del control de los y las personas que tienen derecho al agua en El Salvador. Entonces
vamos otra vez a priorizar los intereses de la gran empresa”, sostuvo Andrés Mckinley, experto en agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Mckinley sostuvo que, si bien la propuesta del Gobierno habla sobre el derecho humano al agua y un enfoque de cuencas, al analizarla carece de elementos concretos que los garanticen.
El experto se refiere al glosario contenido en el artículo 9 de la propuesta. En este apartado se establece que los beneficiarios de la ley será “toda persona natural o jurídica, pública o privada”, que “es titular o responsable de una asignación o permiso”.
“En la propuesta gubernamental, el objeto de la ley pone a la par del derecho del uso doméstico el derecho de uso comercial e industria”, dijo Amalia López, miembro de la Alianza contra la Privatización del Agua. Explicó que con esto se perdía la calidad de prioridad para las personas. “Si esa es la visión con la que van a administrar el agua, señores tenemos un problema”, sentenció. “Si antes dijimos que ya no había nada que privatizar, en este momento nos estamos dando cuenta que todavía hay algo de lo que quieren sacar lucro”, agregó.
López, al igual que otros ambientalistas, expertos y organizaciones también señala que la ley tiene un enfoque de cuenca limitado, que no garantiza la seguridad de los ecosistemas a largo plazo.
“Vamos otra vez a priorizar los intereses de la gran empresa poniendo en riesgo el agua para los usos domésticos (...). Esa ley no es una ley que garantice el derecho humano al agua”.
Andrés Mckinley,
EXPERTO AMBIENTAL.