LA SORDERA DEL PRESIDENTE CONTAGIA AL OFICIALISMO

Mientras Hananía de Varela prometía ayer impedir el ingreso de los medios de comunicación a las escuelas públicas, Gustavo Villatoro sostenía el lunes que los periodistas que “causan zozobra deben tener un lugar en el infierno” y recomendaba a los ciudadanos informarse sólo a través del aparato de propaganda, es decir, “por los canales oficiales”.

La resistencia del gobierno al debate y la discusión pública es preocupante. Una vez acumulado el poder y con una ascendencia sobre los tres poderes del Estado, la insistencia del oficialismo en dictar en lugar de dialogar ya no puede ser interpretada como una pose o una función de su narrativa, ya no es sólo extensión de algunos rasgos del carácter del presidente; su pretensión es gobernar sin interacción con otros actores de la vida nacional.

Tres ejemplos de este proceder conmueven a la ciudadanía en estos días: la Ley del Agua, las filípicas de dos ministros contra el periodismo y el traído y llevado bitcóin.

Sobre la Ley del Agua, cabe reconocer que el régimen ha recogido insumos de algunas de las propuestas que durante años animaron la discusión en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Pero hacerlo no es lo mismo que convocar a la discusión a los sectores que introdujeron y mantuvieron esta problemática en la agenda ciudadana. Sin esa heterogeneidad pujando cada una por su punto, el gobierno tiene una alta probabilidad de equivocarse en una materia que no es sólo de naturaleza técnica sino de dramático interés social.

El establecimiento de los máximos de explotación del agua permitidos para proyectos de orden privado o comercial no puede provenir de una encerrona en Casa Presidencial, ni la discusión ser simplificada al concierto de manos levantadas en el Salón Azul; los intereses que confluyen en esta materia deben gravitar en igualdad de oportunidad en una mesa abierta a los ciudadanos, pero el gobierno no cree en el valor de esa representatividad.

Igual de pobre es la estima en que algunos ministros tienen a la información pública no sólo como servicio sino como derecho de los ciudadanos. Sólo en lo que va de la semana, tanto el ministro de Seguridad como la ministra de Educación se han manifestado en contra del trabajo periodístico independiente. Mientras Hananía de Varela prometía ayer impedir el ingreso de los medios de comunicación a las escuelas públicas, Gustavo Villatoro sostenía el lunes que los periodistas que “causan zozobra deben tener un lugar en el infierno” y recomendaba a los ciudadanos informarse sólo a través del aparato de propaganda, es decir, “por los canales oficiales”.

No es casualidad que dos de los miembros del gabinete se expresen de modo hostil contra el ejercicio del periodismo y el derecho del público a saber, es un comportamiento que se ha estandarizado y les permite evadir las preguntas difíciles, por ejemplo las relacionadas con el tratamiento de las desapariciones en el caso de Villatoro, y del nepotismo o la vergozosa reserva de información sobre la millonaria compra de computadoras en el caso de De Varela.

Finalmente, la pretensión de no tener interlocutores o de reconocerlos sólo afuera del país y no adentro también se manifiesta en la charada del bitcóin. Los bancos que tienen operaciones en el país están tan sorprendidos por la riesgosa iniciativa como por el modo en que se les ha ignorado. Les debe resultar increíble que el mismo círculo al que le han comprado LETES les ignore infantilmente y amenace la estabilidad macroeconómica.

Si Bukele supiese escuchar, la discusión económica giraría alrededor de las remesas pero en una clave más solidaria con los inmigrantes, los ministros no serían una versión miniatura de su intolerancia y decenas de los proyectos de ley que sus diputados mandaron al archivo mantendrían a la sociedad civil siquiera un poco conectada con el oficialismo.

Cuando en lugar de con el estómago el presidente escuche con los oídos, mejores cosas vendrán para El Salvador. Ese día llegará, quizá.