CUENTA REGRESIVA PARA PUBLICACIÓN DE LA LISTA ENGEL
Luego de que su Ley de Compromiso de Mejora del Triángulo Norte vio la luz, el pasado 22 de diciembre, el congresista Eliot Engel reconoció que "será imposible hacer progresos sostenidos en El Salvador, Guatemala y Honduras sin un compromiso de los líderes regionales para combatir la corrupción y el deterioro democrático".
El cuerpo de ley, conocido popularmente como "Ley Engel", ha sido desde entonces materia de referencia en los tres países, y su contenido es objeto de especulaciones de parte de la sociedad civil y temor entre las filas de los diferentes oficialismos de la zona norte de Centroamérica. La zozobra de las cúpulas políticas criollas concluirá este mes, para darle rienda a un capítulo completamente nuevo en el libro diplomático del istmo.
Es que además de sus objetivos de promover la prosperidad económica, combatir la corrupción, potenciar la gobernanza democrática y mejorar las condiciones de seguridad, el instrumento incluye mandatoriamente un reporte presidencial al Congreso en el que identifique a todas aquellas personas del Triángulo Norte que hayan incurrido en acciones que socaven los procesos o las instituciones democráticas o que hayan cometido actos de corrupción o que hayan obstruido sus investigaciones.
Figurar en la lista convertirá automáticamente en paria a cualquier funcionario del gobierno de Bukele; los efectos de la normativa consisten en sanciones como la negación o revocación de visas y la imposibilidad de ingresar a los Estados Unidos, así como la potencial congelación de activos en suelo estadounidense.
¿Qué tantos miembros del gabinete y de la guardia pretoriana de Bukele serán incluidos en la lista? Uno sería suficiente para presionarlo a cumplir con una de tantas de sus promesas rotas, la de combatir la corrupción y proceder contra cualquier funcionario que afectara a los contribuyentes abusando del erario público durante la emergencia. Y a partir de información recabada por este periódico, no será sólo uno.
Ni la lista ni cualesquiera de sus actualizaciones bastará para entender qué tan deficientes son los controles internos en el gobierno de Bukele, si las prácticas corruptas han sido sistemáticas u ocasionales y cometidas por una persona en solitario o si detrás hay un diseño sofisticado. Tal cual quedó demostrado con los casos de Francisco Flores, Tony Saca o Mauricio Funes, el periodismo independiente y la inquisición activa de la sociedad civil echando mano de los instrumentos de ley son imprescindibles para recrear a cabalidad quiénes, cómo y qué tanto se le ha robado a la ciudadanía.
Esa es precisamente la contrariedad del oficialismo; puede bombardear al periodismo independiente, descalificar a reporteros, editores y medios; puede destruir al Instituto de Acceso a la Información Pública convirtiéndole en cerrojo en lugar de llave para la población; pero no puede detener el informe estadounidense ni evitar que esos nombres sean del dominio ciudadano.
A la negación inicial, que está en el adn del gobierno, le sucederá la narrativa de que ellos no dejarán impunes a los corruptos del pasado, una línea que les es necesaria para lavarle un poco el prontuario al titular del ministerio público. Pero para el mandatario, no habrá modo de vadear la tempestad de credibilidad y gobernanza que se le avecina sin sacrificar a los funcionarios corruptos.
Es que Bukele, a tenor de aquella famosa declaración de Eliot Engel, no sólo debe demostrar compromiso para combatir la corrupción y conciencia de que el deterioro democrático ha sido culpa suya, sino además de que detrás de su pretensión de ser un líder en el istmo hay competencia moral y no sólo megalomanía.
Esa es precisamente la contrariedad del oficialismo; puede bombardear al periodismo independiente, descalificar a reporteros, editores y medios; puede destruir al Instituto de Acceso a la Información Pública convirtiéndole en cerrojo en lugar de llave para la población; pero no puede detener el informe estadounidense ni evitar que esos nombres sean del dominio ciudadano.