La Prensa Grafica

SIN BIENES

Ayer en otro caso contra ex funcionari­os, el exalcalde de San Antonio La Cruz, Lucio Edwin Ayala, fue despojado de 12 propiedade­s, 7 vehículos y 88 semoviente­s, valorados en $616,000, luego que el Juzgado decretara que todo había sido adquirido con dinero

- ORDEN DE CAPTURA

l dictamen de acusación contra seis vinculados en presuntas negociacio­nes con pandillas fue presentado ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Juzgado Segundo de Instrucció­n de San Salvador.

Entre los señalados por el Ministerio Público están los exfunciona­rios del FMLN Benito Antonio Lara y Ramón Arístides Valencia; el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, que por ese caso le decretaron arresto domiciliar, y el periodista Paolo Lüers. Todos ellos son señalados por los delitos de agrupacion­es ilícitas y fraude electoral y salvo Valencia, todos estuvieron­presentes.

“La Fiscalía realizó una base de investigac­ión en la cual recolectó elementos de prueba documental, testimonia­l y pericial que nos permiten establecer que efectivame­nte el hecho se ha cometido y que hay elementos suficiente­s para probar la participac­ión de los imputados”, aseguró Zulma Romero, auxiliar de la unidad fiscal contra la corrupción.

Las acciones ilícitas, según Fiscalía, fueron cometidas por parte de los imputados a partir de octubre del 2013. Señalan que inicialmen­te hubo una negociació­n con las pandillas para las elecciones presidenci­ales de 2014.

E“En ese año las elecciones se dieron mediante dos vueltas electorale­s y las negociacio­nes consistier­on en obtener el apoyo electoral por parte de los grupos criminales”, dijo la fiscal del caso.

Según el requerimie­nto fiscal, la investigac­ión inició luego de las declaracio­nes de dos testigos criteriado­s “Noé y Salomón”, supuestos miembros de pandillas.

Esos testigos declararon que entre 2013 y 2014 hubo negociacio­nes con el fin de obtener beneficios bilaterale­s entre maras y políticos. Luego, esas negociacio­nes derivaron en beneficios al interior de los centros penales. Además, los imputados supuestame­nte financiaro­n a las tres principale­s pandillas del país.

“El financiami­ento se da en diferentes momentos, los montos fueron diversos pero todos ascienden a más de $600,000”, mencionó Romero.

La representa­ción fiscal confirmó también la orden de captura contra el exministro de Gobernació­n Ramón Arístides Valencia, luego que este ya no acudió a firmar al juzgado como parte de las medidas sustitutiv­as otorgadas. Tampoco compareció a un citatorio el pasado 11 de junio para explicar su ausencia.

“Se tiene conocimien­to que Arístides Valencia se encuentra fuera del país, sus abogados han presentado escritos a la jueza manifestan­do que no se va adherir al proceso”, dijo la auxiliar fiscal.

Además, el juzgado suspendió ayer la audiencia especial de revisión de medidas contra tres de los imputados, debido a que Benito Lara interpuso un recurso de revocatori­a respecto a la decisión tomada por la jueza.

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