SIN BIENES
Ayer en otro caso contra ex funcionarios, el exalcalde de San Antonio La Cruz, Lucio Edwin Ayala, fue despojado de 12 propiedades, 7 vehículos y 88 semovientes, valorados en $616,000, luego que el Juzgado decretara que todo había sido adquirido con dinero
l dictamen de acusación contra seis vinculados en presuntas negociaciones con pandillas fue presentado ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
Entre los señalados por el Ministerio Público están los exfuncionarios del FMLN Benito Antonio Lara y Ramón Arístides Valencia; el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, que por ese caso le decretaron arresto domiciliar, y el periodista Paolo Lüers. Todos ellos son señalados por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral y salvo Valencia, todos estuvieronpresentes.
“La Fiscalía realizó una base de investigación en la cual recolectó elementos de prueba documental, testimonial y pericial que nos permiten establecer que efectivamente el hecho se ha cometido y que hay elementos suficientes para probar la participación de los imputados”, aseguró Zulma Romero, auxiliar de la unidad fiscal contra la corrupción.
Las acciones ilícitas, según Fiscalía, fueron cometidas por parte de los imputados a partir de octubre del 2013. Señalan que inicialmente hubo una negociación con las pandillas para las elecciones presidenciales de 2014.
E“En ese año las elecciones se dieron mediante dos vueltas electorales y las negociaciones consistieron en obtener el apoyo electoral por parte de los grupos criminales”, dijo la fiscal del caso.
Según el requerimiento fiscal, la investigación inició luego de las declaraciones de dos testigos criteriados “Noé y Salomón”, supuestos miembros de pandillas.
Esos testigos declararon que entre 2013 y 2014 hubo negociaciones con el fin de obtener beneficios bilaterales entre maras y políticos. Luego, esas negociaciones derivaron en beneficios al interior de los centros penales. Además, los imputados supuestamente financiaron a las tres principales pandillas del país.
“El financiamiento se da en diferentes momentos, los montos fueron diversos pero todos ascienden a más de $600,000”, mencionó Romero.
La representación fiscal confirmó también la orden de captura contra el exministro de Gobernación Ramón Arístides Valencia, luego que este ya no acudió a firmar al juzgado como parte de las medidas sustitutivas otorgadas. Tampoco compareció a un citatorio el pasado 11 de junio para explicar su ausencia.
“Se tiene conocimiento que Arístides Valencia se encuentra fuera del país, sus abogados han presentado escritos a la jueza manifestando que no se va adherir al proceso”, dijo la auxiliar fiscal.
Además, el juzgado suspendió ayer la audiencia especial de revisión de medidas contra tres de los imputados, debido a que Benito Lara interpuso un recurso de revocatoria respecto a la decisión tomada por la jueza.