EXCLUSIÓN DE LA BANCA INTERNACIONAL A CAMBIO DE NADA
Si al inicio del año, la decisión del ex superintendente financiero y hoy ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en el sentido de impedir que los bancos cierren las cuentas de lavadores de dinero, presuntos o acusados formalmente, incomodó a muchos círculos en Estados Unidos, la puerta abierta por el bitcóin sólo puede agravar las preocupaciones acerca de la fragilidad nacional ante grupos criminales de gran calado.
Desde hace algunos meses, el gobierno de Bukele se declaró militante de la inclusión financiera, un concepto con el cual pretende estimular la economía facilitando el uso de productos y servicios financieros a los sectores productivos de renta baja. Apenas 3 de cada 10 salvadoreños tienen acceso a los servicios bancarios, según diversos estudios, una realidad relacionada con la precaria cultura de ahorro de la población y con la informalidad en la que se mueve un enorme sector del comercio y de la prestación de servicios.
Siendo generoso con el régimen, la precipitada inclusión del bitcóin como opción para los salvadoreños y como obligación para los agentes económicos forma parte de un rol de iniciativas que abonaría a la inclusión financiera y cuya autoría no es sólo de este gobierno. La Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, que simplificó los trámites para que una persona natural abra una cuenta de ahorros, fue aprobada en 2015 con notable suceso según han reportado los bancos que brindan servicio en El Salvador.
Pero el enfoque que ha llevado finalmente a Bukele a estresar la economía nacional queriendo hacer pasar como moneda un activo tan volátil como el bitcóin, y cuyos efectos pueden ser catastróficos para la liquidez que los ciudadanos necesitan en su cotidianidad así como para la operación de todo el sector importador y exportador, no debe ser así de simplista y primitivo. En primer lugar, porque detrás de todas estas medidas debería identificarse un evidente beneficio para la población, y no es el caso. En la lectura que el oficialismo hace de la plataforma digital para recibir dinero, ya sea proveniente del mismo erario público o bien vía remesas, hay más bien un concepto pernicioso. No se está cultivando ni incentivando cultura del ahorro ni tampoco enfatizando que los sectores excluidos por su informalidad accedan a crédito o a otros servicios. Lo único de lo que se habla es de que consuman.
El dinero de las remesas se ha dilapidado en consumo en un porcentaje del 83 por ciento, según los mismos datos oficiales. Apenas un 3 por ciento va dirigido al ahorro y un 6 por ciento a la educación. Curiosamente, al gobierno de Bukele esto no le parece un problema y, al contrario, está comprometiendo 75 millones de dólares de las golpeadas cuentas del Estado para que los ciudadanos lo quemen en consumo, con el agravante de que no se quedarán circulando en la economía local, sino convertidos en una especie irregular mientras ese efectivo se va a otra parte.
Por presión de los organismos internacionales multilaterales, reforma fiscal y disparo del gasto público, lo idóneo sería formalizar a los sectores productivos que continúan esquivando los controles del Estado. Por comprensión de cómo funcionan esos mismos sectores, el gobierno debe preocuparse por que haya circulante monetario.
Y además, para proteger al país del crimen internacional, que acecha en la zona queriendo lavar sus activos provenientes del tráfico de droga, armas, personas y órganos, Bukele tendría que blindar nuestra economía, y no todo lo contrario.
Si al inicio del año, la decisión del ex superintendente financiero y hoy ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en el sentido de impedir que los bancos cierren las cuentas de lavadores de dinero, presuntos o acusados formalmente, incomodó a muchos círculos en Estados Unidos, la puerta abierta por el bitcóin sólo puede agravar las preocupaciones acerca de la fragilidad nacional ante grupos criminales de gran calado.
En 2016, el gobierno de Sánchez Cerén vetó una propuesta que iba a proveer de necesaria independencia a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) ante influencias externas; si aquello levantó suspicacias, todo lo que se escucha y entiende del proyecto de criptomonetizar El Salvador indica que en lugar de inclusión, lo que se está propiciando es la exclusión nacional como opción para la banca mundial, y los consiguientes problemas para una población que todavía no entiende el riesgo sobre el que camina.