Defensores de DD. HH. advierten de “avanzada represiva” en C.A.
El tomar acciones contra oenegés críticas es un patrón repetido en los países de la región, así como la creación de leyes para contrarrestar denuncias sociales.
“El Gobierno (nicaragüense) intenta por todos los medios hacer desaparecer la defensa de los derechos humanos, mediante s acciones contra la vida y la integridad física y psicológica”. Narlin Sierra, CENIDH.
“Pareciera que los 5 o 7 años de degradación en materia de derechos en Honduras, Guatemala o Nicaragua, en El Salvador se van dando en meses”. Angélica Cárcamo, APES.
“Para nuestros Gobiernos, lo más importante es limitar nuestro derecho de asociación, manifestación pacífica y nuestra libertad de expresión. Ya no tenemos derecho a disentir”. Héctor Reyes, CALDH.
Organizaciones defensoras de derechos humanos de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador denunciaron ayer una “avanzada represiva” por parte de los gobiernos de estos países y que amenaza la labor de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa y expresión.
Entre los puntos recurrentes en la región señalaron la creación de leyes que buscan callar las voces críticas, así como legislaciones para controlar las instituciones estatales, dificultad para acceder a información pública y ataques contra la prensa. Asimismo, se repite la promoción de acciones contra organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.
Marlin Sierra, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), señaló la ley 919, Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua, que permite al Estado de ese país perseguir a organizaciones que considera opositoras o críticas a la gestión. También denunció persecución contra organizaciones que defienden los derechos humanos y cuestionan las acciones de Daniel Ortega.
“En este contexto, nuestra labor se ha dificultado y se ha vuelto un riesgo inminente ante los altos niveles de persecución, hostigamiento, asedio, vigilancia y control por parte del Gobierno, quien intenta por todos los medios hacernos desaparecer”, dijo Sierra. También señaló que han cancelado la personería jurídica a las oenegés por la imposición de nuevas leyes y normas del Ministerio de Gobernación nicaragüense.
“En Guatemala, hace un par de semanas ingresó ya al mundo jurídico la Ley de oenegés, reformas a la misma, que lo único que conlleva es limitar derechos fundamentales de todo ciudadano y ciudadana”, dijo por su parte Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
Reyes apuntó que estas acciones son un patrón que se repite en Centroamérica: Gobiernos que reprimen, persiguen y dificultan la libre asociación. En el caso de Guatemala, describió un Estado que usa la fuerza policial para intimidar e impedir las expresiones que cuestionan públicamente al Gobierno.
En El Salvador, el mes pasado se instaló la comisión especial de la Asamblea Legislativa - dominada por el partido de Nayib Bukele - que investiga los fondos públicos entregados a organizaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Con esto, el Gobierno ha hecho alusiones a la investigación de tanques de pensamiento que han cuestionado su gestión al frente del Ejecutivo.
Por su parte, Angélica Cárcamo, de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), recalcó la debilidad de los estados de derecho del Triángulo Norte y de Nicaragua. Hasta el 15 de junio de este año, APES contabilizó 146 vulneraciones a periodistas. Cárcamo advirtió que la libertad de expresión y prensa está en peligro. Además, pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante.
“Pareciera que los cinco o siete años de degradación en materia de derechos en países centroamericanos, en El Salvador se van dando en meses”, dijo Cárcamo.