MUERTOS Y DESAPARECIDOS
Interesante y también alarmante el reportaje de LA PRENSA GRÁFICA sobre el exceso de muertes registrado en 2020 y las causas que se aducen. Según el análisis de estadísticas disponibles, el promedio anual de muertes entre 2015 y 2019 es de 28 mil. En 2020 las muertes llegaron a CASI 35,400. Son 7,300 muertes más que el promedio anual. El gobierno reconoció muertes causadas por covid-19 no más que 717. ¿Y el resto? Fue la pregunta que se hicieron los profesores de INCAE Business School y de la Universidad de Nueva York.
La respuesta fue obvia. El gobierno central no reportó 6,500 muertes. Por lo tanto, puede enfrentarse un subregistro de muertes atribuibles al covid-19. Los reportes estadísticos del gobierno central tienen poca confiabilidad. Durante la pandemia, muchos profesionales se pronunciaron sobre la manipulación de los datos, muchos se quejaron de la reserva de información y muchos alcaldes dijeron que los muertos por causa de covid en sus municipios no fueron registrados en los datos nacionales. Así la situación, lo que anuncia el informe no sorprende. Sabemos y estamos convencidos de que las estadísticas nacionales han sufrido un enorme deterioro porque se utilizan para mantener la imagen presidencial y para fines propagandísticos.
Esto es lamentable para los académicos y los políticos. En la actualidad y a futuro, difícilmente se podrá hacer análisis científicos sobre el impacto del covid en la población, en la sociedad y en la economía. A futuro, las políticas públicas o la falta de políticas públicas difícilmente podrá enjuiciarse, no se podrá identificar lecciones aprendidas. La manipulación oficial de datos tiene un elevado costo en las políticas públicas y en la academia. Casos sobre diagnósticos equivocados se conocen. Casos sobre seguimiento a diagnósticos positivos ignorados por el paciente porque nunca fue informado se conocen. Casos de decenas de muertos por neumonía se conocen. Nada está registrado.
Los desaparecidos continúan generando consternación e indignación. Los homicidios bajan pero más y más personas sufren la desaparición de seres queridos. Es lamentable el caso de Flor García. Las instituciones responsables de la investigación se tardaron 105 días en encontrarla y la encontraron muerta. Caso complicado que refleja las distorsiones emocionales y afectivas de los causantes de su muerte, el propio esposo, padre de sus hijos, y su pariente sanguíneo. Cualquier persona queda impactada con esta noticia. Y queda impactada porque es difícil dimensionar el odio de género, ese odio que ha sido capaz de inspirar el hecho. Mucho debemos hacer para educar en la convivencia pacífica y el autocontrol personal. La ley sirve para castigar aunque poco haga para facilitar la convivencia.
Desaparecidos, desaparecidas... son constantes que las autoridades deben reconocer. En el caso de Flor, para obtener información 105 días después de desaparecida significa que la familia no soltó el botón. Perseveraron. Es simbólico que ahora que encontraron a Flor, a quien literalmente los culpables creyeron que la tierra se la tragaría, hay desfile de familiares que con amargura y una micra de esperanza llegan para tener noticias de su desaparecido.
Dos lugares inspiran visitas de familiares de desaparecidos, Chalchuapa y ahora Cojutepeque. Veremos si la iniciativa de la Fiscalía General de la República, esa institución obligada a defender los intereses de la sociedad, “da respuesta a cada familia que sufre por un ser desaparecido” como se atrevió a decir el fiscal en las afueras de los tribunales de Cojutepeque.
Sabemos y estamos convencidos de que las estadísticas nacionales han sufrido un enorme deterioro porque se utilizan para mantener la imagen presidencial y para fines propagandísticos.