René Figueroa confesará enriquecimiento ilícito
El exfuncionario confesará el delito para llegar a un acuerdo con Fiscalía y obtener una pena menor. Entra a la lista de exfuncionarios procesados por tener un incremento patrimonial no justificado.
“Se tramitará, si son viables, los acuerdos a tomar en caso se autorice el procedimiento abreviado en Fiscalía y se determinará situación de bienes afectados”. Jueza TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
“La cantidad de dinero solicitada en responsabilidad civil es de $3.7 millones, por lo cual Fiscalía pretende que se recupere porque fue dinero mal utilizado ”. Fiscal ASIGNADO AL CASO
René Figueroa, exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca (quien ya ha sido condenado por actos de corrupción), confesará que se enriqueció ilícitamente para obtener una pena de prisión menor a la establecida por la ley.
La pena máxima de cárcel por ese delito es de 10 años. Sin embargo, al someterse a un procedimiento abreviado la condena sería solamente de tres años, la cual sería excarcelable.
El extitular de Seguridad entra de esa manera a un listado de más de diez funcionarios que han sido procesados por ese delito durante los últimos años. También otros dos vinculados a incrementos patrimoniales no justificados, entre ellos el diputado Reynaldo Cardoza, han sido despojados de sus bienes y han reintegrado al Estado aproximadamente $1.6 millones. mientras que Fiscalía aún espera la devolución de otros $9.4 millones.
Fiscalía acusa a Figueroa y a su esposa, Cecilia Alvarenga de Figueroa, por enriquecerse por $3.7 millones.
El juicio contra los dos imputados estaba previsto a iniciarse ayer, pero la defensa solicitó una salida alterna al proceso, por lo que el Tribunal Primero de Sentencia reprogramó la vista pública para el próximo 16 de agosto, en la cual la Fiscalía y los abogados defensores deberán llegar con un acuerdo previo.
“Se tramitará si son viables los acuerdos a tomar en caso se autorice el procedimiento abreviado en Fiscalía y se determinará situación de bienes afectados”, dijo uno de los jueces.
El Tribunal brindó un plazo para que los bienes de Figueroa y de su cónyuge sean valuados y determinar si cubren la cantidad que Fiscalía ha solicitado en concepto de responsabilidad civil.
“La cantidad de dinero solicitada en responsabilidad civil es de $3.7 millones, porque fue dinero mal utilizado por parte de Figueroa y su esposa”, aseguró el representante fiscal.
FUNCIONARIOS PROCESADOS POR ENRIQUECIMIENTO
Otro de los casos más reciente es el exalcalde de San Antonio La Cruz, del departamento de Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores , quien fue despojado el pasado 24 de junio de 12 propiedades, 7 vehícu
los y 88 semovientes, valorados en $616,000. Ayala Flores fue condenado en noviembre de 2020 a 45 años de prisión, acusado por delitos de tráfico de drogas.
También Reynaldo Cardoza, actual diputado de la Asamblea Legislativa, tuvo un incremento patrimonial injustificado, según la Fiscalía.
El 29 de enero, el juez especializado de Extinción de Dominio determinó que 11 de 12 propiedades en proceso y cinco cuentas bancarias del diputado y de Alma Yaneth de López, su esposa, fueron adquiridas por lavado de dinero. Los bienes fueron valorados en $1,028,909.46.
A ese listado se suma el expresidente de la República Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca. Ellos fueron condenados por la Cámara Primera de lo Civil a restituir al Estado $4.4 millones. A Saca le decretaron restituir al Estado $3,892,698.71 mientras que Ana Ligia de Saca deberá devolver $589,608.82.
Otro vinculado a ese delito es el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, su esposa y su hijo, que son acusados de enriquecerse ilícitamente por $472,000 durante el período que el exdirigente del partido FMLN fue presidente y diputado de la Asamblea Legislativa.
También, el exministro de Defensa David Munguía Payés ha sido señalado por presunta corrupción. En octubre de 2020 la Fiscalía decomisó siete propiedades del exministro valoradas en $4.6 millones e informó que respondía a una orden judicial del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio.