PLAN CONTROL TERRITORIAL: $109 MILLONES, ¿PARA QUÉ?
DIVERSAS ORGANIZACIONES HAN CUESTIONADO LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE FONDOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y LA MILITARIZACIÓN DEL MISMO. PARA LA TERCERA FASE HAN DESTINADO $210.1 MILLONES. DE ESOS, $109 PROVIENEN DE UN PRÉSTAMO.
La Asamblea Legislativa ratificó el pasado 6 de julio un préstamo de $109 millones que servirán para financiar la fase tres del Plan Control Territorial. Sin embargo, especialistas coinciden que no existe transparencia en cuanto al destino de esos fondos y temen que se ocupen de forma errónea.
Entre 2019 y 2021, el Gobierno contempló gastar $571.2 millones en las primeras tres fases de su plan más emblemático y con el que aseguran han bajado los índices delincuenciales.
Solamente para la fase tres, el Ejecutivo destinaría $210.1 millones, de los cuales $109 provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según han dado a conocer autoridades de Seguridad Pública, $59 millones van dirigidos a la institución policial (PNC) y $50 millones serán destinados a la Fuerza Armada (FAES).
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Saúl Baños, señaló que ese financiamiento no alcanzó el aval de la legislatura anterior porque “el gobierno en aquel momento no aclaró el destino de los fondos, que era una de las condiciones que la anterior legislatura pedía”.
Agregó que la no aprobación de ese préstamo sirvió de excusa al presidente Bukele “para tomarse con el ejército las instalaciones de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020”.
Hasta el momento lo único que se ha dado a conocer es que los rubros que tendrán más fondos, de los $109 millones, son los de movilidad estratégica, con $46 millones; sistema de videovigilancia, con $25 millones; y equipo táctico, al que le han asignado $17.4 millones.
“Según algunos diputados oficialistas, es para la compra de equipo táctico para la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada,
como lo son lentes de visión nocturna y drones, entre otra tecnología”, aseguró Baños. Eso representaría una militarización de la seguridad pública.
“El Gobierno no transparenta los procesos de compra, a quién le compra, a qué precios compra y no justifica si eso que se comprará es lo que se necesita para mejorar la seguridad del país”, agregó.
La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, reveló algunos rubros a los que irá dirigido el dinero y mencionó cámaras de videovigilancia, patrullas policiales, un helicóptero UH - 1H, vehículos todo terreno. También aseguró que tanto la PNC como la FAES contarán con “movilidad estratégica y comunicaciones tácticas”.
La diputada del FMLN Anabel Belloso cuestionó esa aprobación y dijo que parte de esos fondos van destinados a compra de equipo y que algunos de esos dispositivos generan temor de poder prestarse a espionaje. “Nosotros consideramos que no se puede seguir en una dinámica irresponsable de endeudamiento, cuando hay nula disposición a rendir cuentas y transparentar el uso de los fondos públicos”, enfatizó.
Uno de los componentes que la anterior legislación cuestionó fue la compra de un helicóptero y un buque.
La jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, considera que la ratificación del préstamo no fue lo suficientemente discutida por parte de los diputados oficialistas.
“Esta aprobación no nos permite hacer una evaluación a profundidad porque no tenemos el detalle, no se ha publicado y tampoco se debatió en la Asamblea Legislativa de manera suficiente y adecuada como iban a hacer ejecutados los fondos. En ese sentido es importante insistirle al gobierno que la falta de transparencia genera desconfianza”, cuestionó.
RESULTADOS DEL PLAN
Diversas organizaciones han cuestionado que el Ejecutivo no haya presentado mayor información sobre la política de seguridad que implementan y eso no permite verificar si el Plan Control Territorial está dando resultados.
“Hoy por hoy el Gobierno nos vende que la implementación del plan está trayendo grandes resultados, pero por otro lado vemos un número significativo de desaparecidos, un incremento importante en los feminicidios y falta de resultados investigativos en este y otros rubros”, puntualizó Navas.
Belloso coincide que otros delitos están aumentando y criticó que no existe un control territorial en el país: “la población en sus comunidades siguen sufriendo de las acciones de grupos criminales, han incrementado las desapariciones, los feminicidios, y homicidios”.
“No se puede seguir en una dinámica de endeudamiento cuando hay nula disposición a rendir cuentas”. Anabel Belloso, DIPUTADA FMLN.
“El Gobierno nos vende que el Plan está trayendo grandes resultados, pero por otro lado vemos un número significativo de desaparecidos”. Zaira Navas, CRISTOSAL.
“El gobierno no transparenta los procesos de compra, no justifica si lo que comprará se necesita para la seguridad”. Saúl Baños, DIRECTOR FESPAD.