CENTROS PENALES NO HA PAGADO $332,469 A EMPRESA DE TELEFONÍA
La compañía PREPACOL puso una denuncia ante la Cámara Segunda de lo Civil para cobrar la deuda y esta fue admitida.
La Dirección General de Centros Penales (DGCP)
tiene una deuda de $332,469 con la empresa PREPACOL, encargada de suministrar los servicios telefónicos al interior de las cárceles del país y los bloqueos de señal hacia el exterior.
La suma consta en una denuncia interpuesta por PREPACOL ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro a la cual tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA y que fue admitida el pasado 6 de julio.
Este medio intentó obtener la versión de la DGCP, que actualmente dirige Osiris Luna, a través de su responsable de comunicaciones, pero no atendieron ni vía telefónica ni por mensajería.
Según la denuncia, PREPACOL, una transnacional colombiana, brinda desde febrero de 2013 el servicio de telefonía segura para uso exclusivo de los internos en los centros penitenciarios, la recarga de saldo y también el bloqueo de las señales de telefonía inalámbrica.
Pero desde 2019, con el cambio de gobierno, la DGCP dejó de pagar los servicios, a pesar que PREPACOL entregaba facturas mensuales y a cambio recibía los quedan respectivos.
“Al inicio nos atendían las llamadas, pero de repente dejaron de pagar. Centros Penales daba quedan contra facturas y había promesas de pago, pero luego ya no hubo comunicación”, explicó el representante judicial de PREPACOL en el país, que pidió que no se publicara su nombre por temor a represalias gubernamentales.
El abogado sostiene que la empresa incluso ha dejado, adentro de los distintos centros penales, el equipo tecnológico que sirve para el bloqueo de señal, a pesar que los pagos no se han efectuado y tampoco ha podido constatar si se mantienen en uso.
PREPACOL ha solicitado a la Cámara que se obligue al Estado salvadoreño a reconocer que existe la deuda y que responda a través del fiscal general, Rodolfo Delgado. También solicita que se paguen los intereses por el período de atraso en los pagos y la cancelación de los costes procesales.