Exproveedores de tiendas en penales exigen su pago
Los proveedores que abastecían a las tiendas de los centros penales del país están a la espera de que se les pague desde 2019. La deuda es de casi $3 millones.
"Estamos a punto de perder un negocio familiar que inició hace más de 40 años, todo porque quedamos en medio de una disputa política”, dice José M. un microempresario que proveía de diferentes productos a las tiendas de los centros penales de Apanteos (en Santa Ana), Metapán y Sonsonate.
José muestra varios documentos donde se certifica que entregó los productos a estos centros penales por un valor superior de los $212,000. Las compras fueron hechas entre mayo y junio del 2019 por la Asociación Yo Cambio (Asocambio) que fue creada un año antes como una asociación “sin fines de lucro” que serviría para promover, financiar, desarrollar, y administrar las tiendas en las cárceles y granjas penitenciarias del país.
Esta asociación fue fundada por el ex ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y el ex director de Centros Penales Marco Tulio Lima.
“Estamos a punto de comenzar a vender el patrimonio familiar debido a que debemos pagar muchas deudas, créditos con bancos y con proveedores y eso nos ha llevado a tener incluso problemas de salud”, dice José, quien afirma que adeuda a diferentes instituciones financieras y proveedores más de $190,000.
El microempresario tiene más de dos años de estar esperando que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) le pague los $212, 000 que le adeudan.
“A nosotros nunca nos pagaron con cheques de Asocambio, siempre fueron cheques girados por la DGCP. Además los cheques con que saldarían la deuda de mayo y junio sí fueron sacados pero nunca firmados porque nos dijeron que con el cambio de gobierno llegarían las nuevas autoridades y serían ellos los encargados de hacer el desembolso, algo que nunca sucedió”, comenta José.
El microempresario tiene en su poder una “nota urgente” con fecha de 2 de septiembre del 2019 que fue enviada por parte de la Directora Ejecutiva de Asocambio, Flor de María Hernández, y recibida en la Presidencia de la República donde se informa que el dinero para cancelar a los proveedores “se encuentra en las cuentas bancarias de la Dirección General de Centro Penales denominada DGCP tiendas instituciones”.
El documento recalca que Asocambio no tiene ninguna cuenta bancaria propia y que lo adeudado, hasta ese entonces, a los diferentes proveedores de todo el país ascendía a $2,937,878.61 y que en esa cuenta existía una disponibilidad bancaria de $3,658,438.54
José critica el desinterés con el que el gobierno ha actuado en este tema. “Parece que no les interesa resolverlo, cuando buscamos una respuesta nos dicen que esa fue una deuda que adquirió la administración del FMLN, pero nosotros no hicimos trato con partidos políticos sino con el gobierno por lo que el nuevo gobierno debe asumir las deudas de su antecesor”, expresó.
Agrega que en un sinfín de ocasiones se han presentado a la DGCP para solicitar una audiencia con Osiris Luna, director de centros penales, pero solo ha sido atendido por personal del área jurídica que le ha manifestado que Asocambio se encuentra bajo una investigación fiscal.
El 27 de junio del año pasado, la Fiscalía informó a través de su sitio web que la Unidad Especializada Antipandillas incautó una serie de documentación en la Dirección General de Centros Penales relacionada con la Asociación Yo Cambio que reflejan todos sus movimientos financieros, entre estos cheques, estados de cuenta libros contables y auditorías.
Además, les han informado que la Corte de Cuentas también realizó un informe sobre las finanzas de Asocambio.
“Ellos, los de la DGCP nos dicen que sí comprenden que existe la deuda, pero que la Fiscalía se llevó la documentación en un allanamiento el año pasado y que no pueden hacer nada más. También hemos pedido algún informe sobre la conclusión del informe de la Corte de Cuentas que fue entregado el 8 de marzo de este año pero no han querido revelarnos qué dice. No sabemos cuál es la intención de no decirnos si al final nosotros somos los afectados”, manifiesta.
Dice que, debido al poco avance en el proceso de cancelación de la deuda, varios de los afectados se han planteado interponer demandas contra los implicados.