Bloqueo de señal se mantiene en centros penales
La DGCP no ha pagado, desde 2019, a la empresa que brinda los servicios de bloqueo de señal.
A PRENSA GRÁFICA constató que el bloqueo de la señal de celular continúa en varios centros penales del país a pesar del impago que, desde 2019 mantiene de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) a PREPACOL, empresa encargada de suministrar los servicios telefónicos al interior de las cárceles y los bloqueos de señal hacia el exterior.
En un recorrido por los alrededores del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, de Cárcel de Mujeres y del penal de Usulután, se pudo verificar que el bloqueo continúa. Además, habitantes de la zona aseguran que este se mantiene y que no hay señal para ninguna red, en ningún momento del día.
En el caso de los primeros dos, el bloqueo conserva el rango inicial, según confirmaron los habitantes. Sin embargo, en el caso de Usulután, este se ha reducido y la mensajería funciona, de forma esporádica, mientras que las llamadas no tienen salida.
Prepacol realizó un contrato con la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en 2013 por la venta de la tecnología que permite el bloqueo. Además, según explicó el representante judicial de Prepacol en el país, Óscar Canjura, brindaban servicio de mantenimiento de los aparatos y capacitaron al personal de la institución para que pudieran utilizarlos.
Pero desde 2019, con el cambio de gobierno, la DGCP dejó de pagar los servicios, a pesar de que Prepacol entregaba facturas mensuales y a cambio recibía
Llos quedan respectivos. El pago completo del equipo tampoco se efectuó, por lo que el material que permanece actualmente al interior de los centros penales no pertenece todavía a la DGCP.
Por esto, la empresa interpuso una demanda mercantil ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro a la cual tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA y que fue admitida el pasado 6 de julio.
“En la época que Prepacol daba el servicio, era la única empresa que lo hacía. Desconocemos si han contratado a otra empresa. Mi cliente no ha podido ni retirar sus materiales de centros penales”, refirió Canjura.
La suma que la DGCP adeuda a la empresa es de $332,469. Hasta el momento, las autoridades de la entidad no se han pronunciado respecto a este tema. Tampoco han dado a conocer un nuevo proveedor. Prepacol exige al Estado reconocer la deuda y comprometerse a saldarla.
“En la época que PREPACOL daba servicio, era la única que lo hacía. Desconocemos si contrataron a otra”. Óscar Canjura, REPRESENTANTE JUDICIAL DE PREPACOL EN EL PAÍS.