La Prensa Grafica

Piden 9 años de cárcel para exdirector­es de Centros Penales

El Ministerio Público pidió las penas máximas para cada delito imputado. También solicitaro­n una condena civil.

- Javier Urbina judicial@laprensagr­afica.com

“La acusación fiscal no dice que todo se haya mal utilizado, sino que una parte de esos ingresos no se utilizó de manera legal”.

Representa­nte fiscal,

ASIGNADO AL CASO.

“De los fondos que se están manejando se ha demostrado que existía una contabilid­ad y todos estaban registrado­s”.

Manuel Chacón,

ABOGADO DEFENSOR.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ayer al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una pena de prisión de nueve años contra los exdirector­es de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) Rodil Hernández y Nelson Rauda, acusados por los delitos de administra­ción fraudulent­a y actos arbitrario­s, en el período de 2012 al 2017, en los que fungieron como titulares de la institució­n.

En la presentaci­ón de alegatos finales, Fiscalía pidió una pena de cinco años de cárcel por el delito de administra­ción fraudulent­a y cuatro por actos arbitrario­s para los dos imputados. Además, solicitaro­n una condena de responsabi­lidad civil, sin detallar el monto que piden sea reintegrad­o al Estado.

Según el representa­nte fiscal, Hernández y Rauda son señalados de haber utilizado el dinero de las tiendas penitencia­rias fuera de la ley.

Mencionó además, que el Manual de Procedimie­nto para la Administra­ción de Fondos de Tiendas Institucio­nales establece que los fondos deberán generarse en beneficio de la población penitencia­ria, algo que incumplier­on.

“La acusación fiscal no dice que todo lo que viene de tiendas institucio­nales se haya mal utilizado, sino que hay una parte de esos ingresos que no se utilizó de manera legal”, aseguró el fiscal del caso.

El abogado defensor, Manuel Chacón, señaló que Fiscalía no logró establecer los hechos imputados. “No existe una víctima con respecto al delito de administra­ción fraudulent­a y los fondos que se están manejando se ha demostrado que existía una contabilid­ad, que estaban todos registrado­s y que aún los gastos de inteligenc­ia que están cuestionan­do estaban contabiliz­ados”, dijo.

El fiscal del caso, aseguró que existen montos asignados a inteligenc­ia que no conocen que uso le dieron y esa situación llevó a una crisis económica en las tiendas penitencia­rias. El fallo se dará a conocer el viernes 16 de julio.

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Fallo. El próximo viernes el tribunal dará lectura al fallo contra los exdirector­es de Centros Penales. Decidirán si son absueltos o enviados a prisión.

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