FUNCIONARIOS PODRÍAN OCULTAR INGRESOS, COMPRAS Y CONTRATACIONES
NAYIB BUKELE ENVIÓ UNA INICIATIVA DE REFORMA LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ENTRE OTRAS COSAS, PARA AUMENTAR LAS DIFICULTADES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. ASAMBLEA RECIBIÓ PERO NO LA DISTRIBUYÓ A COMISIÓN.
El gobierno de Nayib Bukele busca asestar otro golpe a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), al enviar una iniciativa a la Asamblea oficialista para reformar 13 artículos de la misma, en lo que diferentes abogados y diputados consideraron son un reflejo de los esfuerzos del Ejecutivo por obstruir el derecho a la información de la ciudadanía salvadoreña.
Entre las reformas propuestas por el oficialismo destaca la petición de que las declaraciones patrimoniales de probidad que cada funcionario presenta cuando inicia y finaliza su gestión sean declaradas como confidenciales.
Gracias al carácter público que tenían estas declaraciones fue que se abrieron investigaciones del patrimonio de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
Además, gracias al carácter público de las declaraciones de patrimonio, otros funcionarios también se vieron implicados en sospechas e investigaciones por sus incrementos patrimoniales, como fueron los casos de los diputados Sigfrido Reyes, Carlos Reyes y Reynaldo Cardoza.
Con la iniciativa promovida por Bukele, sería imposible que la población conozca de otros casos de aumentos patrimoniales sospechosos en funcionarios.
Sobre ello, la comisionada suspendida del IAIP Liduvina Escobar recordó que el instituto ya revirtió un criterio establecido previamente por él mismo, cuando declararon secreto el informe de probidad del propio Bukele, en octubre de 2020.
Ahora, opina, es más grave ya que la consideración pasa a formar parte de la misma LAIP. “Ya incluirlo en la LAIP es totalmente contraria a los principios que le dan nacimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, porque el principio fundamental de la ley es el de máxima publicidad”, comentó.
“El único mecanismo de rendición de cuentas es a partir de la declaración de probidad. Al principio del ejercicio de cualquier cargo se debe decir ‘tengo estos bienes, valorados en tanto, y estas deudas y estos ingresos’; y eso debe de cuadrar. No puede ser que al final del período, aún con el salario, venga a tener propiedades que no pueda adquirirlas con mi salario. Eso es lo importante”, enfatizó.
Asimismo, en las reformas propuestas por Bukele, se decide que toda la información oficiosa de la Asamblea Legislativa, Presidencia, Consejo de Ministros, Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas y Concejos Municipales pueda decretarse reservada.
La información oficiosa, por ejemplo, incluye listados de asesores, remuneraciones mensuales, listados de viajes internacionales de funcionarios, informes so
“Arrebatan la vida de un derecho tan fundamental como es el derecho al saber. La reforma es hasta el nivel del descaro. No hay ni un matiz de que se garantice el acceso a la información”.
Liduvina Escobar,
COMISIONADA SUSPENDIDA DEL IAIP
“Una vez se tenga un resultado, la información debe ser pública. Pero hay casos en que se da información y destrozan al funcionario y al final salen inocentes”.
Guillermo Gallegos,
DIPUTADO DE GANA.
“Es un atentado más contra el derecho de información que tienen los ciudadanos. Si ellos no temen nada, no sé porqué quieren ocultar este tipo de información que debe ser pública”.
René Portillo Cuadra,
DIPUTADO DE ARENA.
bre ejecución presupuestaria, contrataciones, compras, entre muchas otras.
De aprobarse en la Asamblea —pese a ser recibida, la pieza no fue enviada a comisión ayer—, todo lo anterior no podrá ser de conocimiento público.
Asimismo, Nayib también propuso ampliar el plazo que tienen las instituciones para dar respuestas a las solicitudes de información. La LAIP contemplaba que las instituciones tenían 10 días hábiles para responder solicitudes, que podían ampliarse a 20 si era información generada hace más de cinco años. Bukele propuso alargar los plazos a 20 y 30 días hábiles, respectivamente.
Cuadra lo calificó de “atentado” contra el derecho a la información.
“Es un atentado más contra el derecho de información que tienen los ciudadanos. Es una forma de contener, de ocultar dineros mal habidos. Si ellos no temen nada, no sé porqué quieren ocultar este tipo de información que debe ser pública”, consideró é Portillo Cuadra (ARENA).
Por otro lado, Guillermo Gallegos , de GANA, se pronunció a favor de las reformas y consideró correcto que las declaraciones sean confidenciales para no “destrozar” la imagen de los funcionarios públicos.
“Una vez se tenga un resultado definitivo, la información debe ser pública. Pero hay casos en que se da alguna información y de esa destrozan o despedazan al funcionario y al final salen inocentes”, apuntó.