MALA MUERTE PARA EL IAIP, CORTESÍA DE NAYIB BUKELE

La sola propuesta de reforma es grave. Con ella, cualquier funcionario puede negarse a entregar información que la misma Ley catalogaba como oficiosa. Entiéndase por tal aquella información pública que los entes obligados debían difundir al público sin necesidad de solicitud directa. Esos mismos funcionarios quedan habilitados para dejar pasar no 10 sino 20 días hábiles antes de responder a los requerimientos ciudadanos.

Durante buena parte de su presidencia, Nayib Bukele se llenó la boca con una bonita frase: “Lo público tiene que ser mejor que lo privado”. Pero en lo que respecta a la transparencia y al acceso de los ciudadanos a saber, el mandatario es el enemigo número uno de lo público y ayer le propinó un golpe letal.

Antier uno de sus pasapapeles, el ministro de Gobernación –hijo de la ministra de Educación para más referencias–, presentó como si gran cosa una serie de modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública de avieso espíritu antidemocrático. El decreto llegó hasta el Salón Azul pero no fue aprobado ni discutido con celeridad, como suele ocurrir con lo que llega con la venia presidencial.

Sin embargo, la sola propuesta de reforma es grave. Con ella, cualquier funcionario puede negarse a entregar información que la misma Ley catalogaba como oficiosa. Entiéndase por tal aquella información pública que los entes obligados debían difundir al público sin necesidad de solicitud directa. Esos mismos funcionarios quedan habilitados para dejar pasar no 10 sino 20 días hábiles antes de responder a los requerimientos ciudadanos. Y aunque a todos esos burócratas, desde el presidente de la República hasta el más humilde ordenanza del gobierno, se les pague con dinero de los contribuyentes, ningún salvadoreño podrá saber con qué patrimonio ingresó ninguno de ellos a la función pública y por supuesto tampoco con cuántas propiedades y dinero se va una vez concluido su contrato, periodo o mandato.

Como si no fuera poco castrar la Ley, la propuesta previene, por si alguno de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) llega a tener un ataque de conciencia ciudadana o compromiso ético con sus funciones. Para garantizar que en el pleno tendrá estrictamente sirvientes, de aprobarse estos cambios, el jefe del Ejecutivo podrá elegir comisionados ya ni siquiera de entre ternas provenientes de tres instituciones proponentes por cada sector considerado en la Ley –sindicatos, empresa privada, periodistas, asociaciones de profesionales y universidades– sino de dos, con lo cual se garantiza un control más cómodo de los perfiles de los candidatos.

Y como último detalle, volvería presidencialista a ultranza a una institución que se caracterizaba por su carácter colegiado, de ahí su equilibrio, su fortaleza, su credibilidad, que quedarían reducidas a materia de arqueología ciudadana.

Bukele ya no tiene máscara; rodeado de personajes que han pujado por años por usufructuar del Estado sin someterse a fiscalización ni a contraloría, está dirigiendo un ataque abierto, vulgar y sin matices contra el Estado de derecho. Una vez devorada la independencia de poderes, conquistado el Legislativo por voluntad de los electores y sometido por servilismo y pobreza moral de sus diputados, dinamitada la independencia judicial, con buena parte de la sociedad civil intimidada y confundida y con el empresariado en iguales términos, ahora arremete contra los ciudadanos.

Acaso ahora, los indolentes que durante estos años fueron escépticos respecto de la inspiración antidemocrática del mandatario y la agenda de los grupos que lo han apoyado en su ascenso al poder sí consideren la posibilidad de haberse prestado, con su silencio, con su ambigüedad o con sus aplausos y lisonjas al desmantelamiento de las conquistas ciudadanas que tanto costaron. Y aunque como es fácil advertir se arrepienten tarde, la convicción de que hay que defender lo que queda de institucionalidad y conciencia siempre será útil.