JUICIO DE CUENTAS POR ANOMALÍAS EN HOSPITALES
LOS TITULARES DEL MOP Y DEL MINSAL DEBEN DAR EXPLICACIONES POR DIEZ ANOMALÍAS COMETIDAS DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y QUE LE COSTARON A LOS SALVADOREÑOS CERCA DE $1.6 MILLONES.
Un examen especial realizado por la Corte de Cuentas de la República determinó que los titulares del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, y del Ministerio de Salud, Francisco Alabí, deben responder por diez anomalías cometidas en la remodelación y readecuación de diversos hospitales públicos durante la emergencia nacional por covid-19 y que le costaron a los salvadoreños $1.6 millones.
Según el examen especial, concluido el 2 de febrero de este año y que dio paso ya a un juicio de cuentas que fue remitido a la Cámara Quinta de Primera Instancia, los titulares de ambas instituciones y otros subalternos vulneraron la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres (Fopromid) al financiar algunas obras que no estaban destinadas para atender la pandemia o no llevar controles sobre los trabajos que se realizaban, lo que hace difícil fiscalizarlos.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) analizó las obras realizadas en al menos 30 hospitales de la red pública entre el 19 de marzo y el 30 de junio de 2020 y encontró que algunas de estas anomalías llevan a incumplimientos de algunas empresas que realizaron estos trabajos, incluyendo a la compañía de aires acondicionados Aire Frío S.A. de C.V., fundada por el ahora diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara, y que durante 2020 ganó contratos por $1.09 millones con el MOP, durante la emergencia.
Relacionado a Aire Frío, la CCR determinó que en algunos de estos contratos tanto el MOP entregó a la empresa un pago anticipado del 50 % pese a que el artículo 34 de la LACAP establece que el máximo que se debe entregar es del 30 %. Sobre este punto el ministro Herrera argumentó ante los auditores que el aumento en el anticipo se debió a “la necesidad generada en el mercado nacional e internacional para el abastecimiento de insumos médicos, que derivó circunstancias extraordinarias para adquirir productos vitales que por efectos de la pandemia se hacían cada vez más escasos”.
Los pagos anticipados ascendieron a $588,000, cuando por ley debían ser de $352,000.
Pero ese no es el único punto relacionado a aires acondicionados dentro del examen especial. Los auditores también comprobaron que el MINSAL y el MOP recibieron aparatos que no cumplían con la especificación técnica de la orden de compra y que al menos 25 aires habían sido comprados bajo la consigna de que eran urgentes y necesarios para atender a los pacientes con covid-19, pero muchos de ellos, al 30 de junio de 2020, no habían sido instalados.
OBRAS NO NECESARIAS
Otro señalamiento hecho por los auditores de la Corte de Cuentas en el examen especial es que el MOP y el MINSAL pagaron entre marzo y junio de 2020 un total de $891,309 por obras que no estaban re
LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
CAPÍTULO IV: GARANTÍAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR
lacionadas con la atención de la emergencia nacional por covid-19.
De ese total, la suma más fuerte ($651,690) se pagó en mantenimiento de fachadas de hospitales y lo restante ($239,618) en aires acondicionados. Según los funcionarios estas cosas sí eran importantes.
“El mantenimiento y mejora de fachadas, así como el equipamiento de aire acondicionado responde a la satisfacción de las necesidades y requisitos propios mínimos del funcionamiento de un establecimiento de salud (...) el mantenimiento y mejoramiento de la red hospitalaria supone mejores condiciones para la atención de la emergencia”, argumentó el ministro Herrera en un escrito enviado a los auditores.
Mientras que el ministro Alabí, en una especia de copiar y pegar, respondió a casi todos los cuestionamientos de la misma forma, con el argumento que en esos momentos, por tratarse de una emergencia, la Ley no era aplicable. “Los requisitos establecidos en la LACAP no son aplicables a los procesos de compra realizados durante la emergencia (...) Es ilegal pretender hacernos responsables”, expuso.
Otro gran rubro de lo cuestionado corresponde a obras inconclusas en algunos hospitales o sin evidencia de ejecución. Los auditores citan una construcción en el Hospital Nacional de Zacatecoluca que al momento de la auditoría no había sido terminada porque no era viable debido a fallos en el suelo. En el examen especial el constructor de la obra argumenta que antes de empezar la construcción no hubo estudios preliminares y que por lo tanto se pidió la modificación del contrato, lo cual no se realizó.
También se cuestionan un total de $263,873 pagados por obras en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel en obras que no pudieron ser verificadas al momento de la inspección.
Durante la emergencia nacional y hasta mayo de 2020 el gobierno salvadoreño destinó $2.8 millones a obras en la red de hospitales públicos (ver tabla), pero muchas obras se hicieron sin la formación de una comisión evaluadora o sin determinar la idoneidad de los proveedores.