Postergan el fallo contra exdirectores de Centros Penales
Los jueces aún no habían revisado toda la prueba ofertada en el proceso y decidieron aplazar la resolución contra los imputados.
“No es necesario el tener a una persona física como víctima, sino que este hecho es contra de los bienes que aportaban los privados de libertad para las tiendas institucionales”.
Omar Aguilar,
AUXILIAR FISCAL.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador decidió aplazar el fallo contra los exdirectores de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Rodil Hernández y Nelson Rauda, acusados por la Fiscalía por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta.
La postergación del fallo judicial fue porque los jueces aún se encuentran analizando la prueba ofertada por Fiscalía y la defensa de los imputados.
“El tribunal ha manifestado que aún no ha arribado a un fallo, que todavía se encuentran analizando la cantidad de prueba que se ha presentado en este juicio y han diferido la lectura del fallo para el próximo lunes”, dijo el auxiliar fiscal del caso, Omar Aguilar.
Añadió que es importante que los juzgadores se tomen el tiempo necesario para que puedan fundamentar de una mejor manera la decisión que tomarán. Reiteró, además, la solicitud de los nueve años de prisión que han solicitado para los dos imputados.
Manuel Chacón, abogado defensor de los exdirectores, sostuvo la inocencia de sus clientes y se mostró positivo ante el fallo que decretarán la próxima semana. “Creo que la defensa ha aportado todos los elementos de prueba. Estamos positivos y creo que el resultado para nosotros demostrará que las imputaciones hechas no son ciertas”, señaló.
La representación fiscal ha manifestado en el proceso judicial que tanto Hernández como Rauda utilizaron dinero destinado para las tiendas penitenciarias fuera de lo que indica la ley.
Uno de los testigos ofertados en el juicio fue el exministro de Justicia David
Munguía Payés, quien declaró que durante su administración, desde noviembre de 2011 hasta el mismo mes de 2013, recibió dinero de las tiendas penitenciarias para pagos de Inteligencia del Estado a través de una cuota mensual que rondaba entre los $2,000 y $2,500.
Ante esas acusaciones la defensa aseguró que el Ministerio Público no presentó a ninguna víctima en el proceso.
“No es necesario el tener a una persona física como víctima, sino que este hecho es contra de los bienes que aportaban los privados de libertad para las tiendas institucionales”, aseguró Aguilar.