FISCALÍA SIGUE SIN AVANZAR EN LOS CRÍMENES DE GUERRA
Diez mujeres víctimas de violación sexual durante el conflicto armando interpusieron sus denuncias, pero no hay avances.
crímenes que habían quedado impunes.
Pero apesar que la Ley de Amnistía fue derogada hace cinco años, y esto abrió puertas a investigaciones, aún no hay justicia para los casos de violaciones de derechos humanos que han presentado ante instancias fiscales y judiciales.
La comisión hizo incapié en que no puede existir reparación sin que sean señalados y juzgados los responsables de las atrocidades cometidas en contra de la población civil; y que por ello, es necesaria una ley que haga justicia.
Los representantes de las víctimas dijeron que aprobar una ley de esta magnitud es una obligación del Estado y no solo por la inconstitucional de la Ley de Amnistía, sino por resoluciones internacionales y por tratados internacionales que obligan al Estado a tener que atender y dar respuesta a las víctimas. Los incumplimientos, dicen, generará consecuencias para el Estado. Las organiaciones pedirán reunirse con el Órgano Legislativo para encontrar avances, al tiempo que informó de la presentación de denuncias por violaciones a mujeres y masacres que ocurrieron en distintos lugares durante la guerra civil (1980-1992). Pero hasta el momento, aseguran, no hay mayores avances en las instancias correspondientes.
El Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec
ha acompañado a diez mujeres que fueron víctimas de violación sexual durante el Conflicto Armando a interponer denuncias contra sus agresores en la Fiscalía General de la República (FGR). En 2018 fueron las primeras cinco víctimas y en 2019 las otras cinco. Hasta el momento no hay avances en los casos.
Así lo informó Cecilia Constanza, representante del Centro.
“Según los testimonios de las víctimas, ellas tienen identificados a algunos violadores, otras no pudieron porque fueron torturadas, pero según el testimonio que dan es que fueron militares”, aseguró.
Constanza dijo que lo único que le han informado las víctimas, es que las han entrevistado pero que ellas no han querido hablar sin la presencia del Centro, ya que no confían en la FGR.
Además informó que están buscando audiencia con el fiscal a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos Durante el Conflicto Armado, unidad a la que le designan los delitos cometidos durante la guerra civil de El Salvador, ocurrida entre 1980 - 1992. Esperan hacerlo este mismo año e intentará pedir informes de los diez casos de las víctimas.
Sin embargo, Constanza considera que no habrá mayores avances por lo ocurrido el 1 de mayo, cuando
“Estamos hablando de víctimas de hace décadas. No es posible que se siga retardando la justicia y acciones de reparación de las víctimas”. David Ortiz, REPRESENTANTE COMISIÓN
“Ahora sí es bien evidente (O. Ejecutivo) que hay un desprecio a todas aquellas demandas y exigencias de cumplimiento de derechos”. Carolina Constanza, REPRESENTANTE COMISIÓN
la Asamblea Legislativa impuso al fiscal general, Rodolfo Delgado.
“Con el nuevo fiscal que tenemos no hay esperanza porque él obedece a una línea política de un gobierno. Como ha pasado en el caso de Chalchuapa, puede haber una línea para no investigar ya que a este gobierno no le interesa los casos del conflicto armado”, aseveró.
Aparte de las 10 denuncias, el Comité ha presentado cuatro casos de masacres: El calabozo (San Vicente), que es la única que está en sede judicial. La masacre en San Sebastián Canoas de Santa Ana, la de Texistepeque, que en 2007 encontraron las osamentas, hicieron la exhumación, pero hasta el momento no las han entregado todas. Otro caso es el de San Francisco Angulo, Tecoluca, donde en 2005 se hicieron exhumaciones, sin que a la fecha existan avances.