TIRO A MUERTE AL DERECHO A SABER
Nuevamente se ha gestado un golpe a la transparencia en El Salvador. El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain Hananía, presentó a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, donde prácticamente se anula la posibilidad de la población de conocer información relacionada con el manejo del Estado y los fondos públicos.
Con las reformas propuestas por el ministro de Gobernación no se conocerían los casos de corrupción de los que se tengan indicios, pues generan restricción al acceso a documentos que se elaboran en las distintas entidades estatales. Además otorga la posibilidad de que arbitrariamente se oculten datos que por su misma naturaleza deben ser publicados de manera oficiosa. Se ponen en secreto las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, que han sido una herramienta útil para conocer el enriquecimiento sin causa.
El asesor jurídico del gobierno de Bukele defendió este pliego de reformas señalando que existía una vulneración al derecho de intimidad de los funcionarios dueños de los datos que se plasman en documentación como las declaraciones de patrimonio de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Este razonamiento deja a un lado un hecho importante, establecido por la misma Sala de lo Constitucional: los funcionarios del Estado, al aceptar un cargo público, también ceden voluntariamente parte de su intimidad, en favor de la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Esto, precisamente, con la finalidad que no se generen sospechas sobre el manejo de fondos del Estado. Y quien no esté dispuesto a hacerlo, simplemente no debería ser funcionario.
En El Salvador, el ocultamiento de la información pública históricamente ha estado ligada a la corrupción. Es por eso que cobra especial trascendencia el intento de realizar estas reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. La insistencia sistemática y progresiva de cerrar las puertas al acceso a la información que naturalmente es pública es una alerta a la ciudadanía sobre los asuntos que los funcionarios del Estado quieren ocultar.
A través del ejercicio del derecho a saber es que en años pasados se pudo recabar la suficiente información para determinar que los expresidentes Saca y Funes se enriquecieron ilícitamente con fondos del gobierno. También se conoció del manejo indebido de instituciones públicas, así como las declaraciones patrimoniales de personas que luego no han podido justificar su riqueza, como Sigfrido Reyes, René Figueroa y otros altos funcionarios. La corrupción se ha destapado, investigado y juzgado por el derecho a exigir información pública.
El gobierno de Nayib Bukele está buscando darle un tiro a muerte al derecho a saber. Hoy queda clarísimo que su intención nunca ha sido rendir cuentas a la población sobre el manejo del Estado y, sobre todo, de los fondos públicos. Ahora su intención es ocultar los errores, la corrupción y las malas decisiones que han tomado muchos de sus funcionarios. Con ello no hace más que incumplir su palabra de compromiso con la transparencia y de ser él mismo quien mandaría a procesar a quienes tocaran indebidamente dinero del pueblo. Están actuando como los mismos de siempre, atentando contra los cimientos de cualquier Estado democrático: la transparencia.
Ahora su intención es ocultar los errores, la corrupción y las malas decisiones que han tomado muchos de sus funcionarios.