RECHAZAMOS LA DESTITUCIÓN ARBITRARIA DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES

Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que dé marcha atrás a las reformas aprobadas y que respete la independencia de las instituciones del Estado.

El pasado martes 31 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó dos decretos legislativos mediante los cuales se reforma la Ley Orgánica Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, “cesando de manera inmediata” de sus cargos a los jueces, magistrados de Cámaras y fiscales que cumplan 60 años de edad. Lo anterior, sin someter a discusión dichos decretos, con una dispensa de trámite totalmente injustificada y omitiendo el hecho que los diputados no tienen iniciativa de ley en asuntos relacionados con el Órgano Judicial.

Ante tales atropello a la independencia judicial, seguridad jurídica y derechos de los jueces, magistrados de Cámaras y fiscales el CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MANIFIESTA:

RECHAZAMOS enérgicamente la destitución de sus cargos de los jueces, magistrados de Cámara y fiscales únicamente por el hecho de ser mayores de 60 años, sin señalar ninguna causal válida para su remoción y sin haber seguido el debido proceso que la Carrera Judicial y la Carrera Fiscal indican.

REPUDIAMOS la intención de muchos diputados de la Asamblea Legislativa de confundir a la población y disfrazar el grave atentado contra el sistema de justicia manifestando que se trata de una “depuración de la corrupción”. Con los decretos emitidos se criminaliza y se despoja de sus derechos a los profesionales institucionales por el solo hecho de cumplir 60 años. El Centro de Estudios

Jurídicos, a lo largo de los años, ha exhortado a la realización de una depuración judicial y fiscal,

CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS LEGALES Y

EL DEBIDO PROCESO ESTABLECIDOS EN LAS

LEYES Y EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. En este caso no ha sucedido.

EXHORTAMOS a la Asamblea Legislativa a que dé marcha atrás a las reformas aprobadas y que respete la independencia de las instituciones del

Estado. Para la depuración de jueces, las leyes y la Constitución otorgan la competencia a la Sección de Investigación Judicial y a la Corte Suprema de Justicia en Pleno. Y la depuración de los miembros de la Carrera Fiscal corresponde a la Unidad de Auditoría Fiscal de la Fiscalía General de la República.

SOLICITAMOS al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República que declare inaplicables los decretos legislativos emitidos, por constituirse en una clara violación a los derechos al debido proceso, audiencia y defensa, y a la estabilidad laboral y en el cargo de los jueces, magistrados de Cámara y fiscales. Además, dichas reformas son una grave afrenta a la independencia del sistema de justicia de El Salvador.

RESPALDAMOS a los jueces, magistrados de Cámara y fiscales que resultarán afectados con la entrada en vigor de las reformas aprobadas, exhortándolos a que acudan a las instancias legales correspondientes a defender sus derecho.

INVITAMOS a la comunidad jurídica y a todos los sectores de la sociedad a pronunciarse en rechazo a la destitución arbitraria de estos funcionarios. La sanidad del sistema de justicia es algo por lo que todos los profesionales del derecho debemos abogar. Y además, porque los siguientes afectados con los atropellos del Estado pueden ser ustedes.