¿TRANSICIÓN HACIA UNA DICTADURA?
De acuerdo con el director regional de IDEA Internacional, Daniel Zovatto, es urgente que el Gobierno de El Salvador ponga “freno de mano” a sus intentos de debilitar la institucionalidad y Estado de Derecho en el país, si no lo hace estarían acelerando la transición hacia una dictadura.
A la ONU se le había pedido una postura respecto a la coyuntura actual que vive el país, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, ha recibido luz verde de la Sala de lo Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para volver a postularse al cargo en 2024 y cuando el país afronta la llegada del Bitcóin como moneda de curso legal, lo que ha generado críticas de sectores de la sociedad.
Por ello la máxima autoridad de la ONU también hizo referencia a la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional de permitir la reelección inmediata presidencial. “Nos han preguntado sobre la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de permitir la reelección inmediata del presidente. Esta decisión se produce inmediatamente después de la sustitución de los magistrados de la Sala Constitucional el 1 de mayo, que ya suscitó preocupación por la independencia del poder judicial y el ejercicio de controles y equilibrios efectivos”, expuso.
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La ONU no fue la única que se pronunció sobre el ataque que ha recibido el Órgano
Judicial durante los últimos días. La Mesa por el Derecho a Defender Derechos denunció esta semana el “contexto hostil” que se está generando el país debido a la concentración de poderes.
“En El Salvador existe un grave deterioro de la seguridad jurídica como consecuencia de la concentración de poder, en un oficialismo alejado de la realidad económica y social de la población. Ello sumado al discurso de odio que emana de la administración del gobierno ha tenido como resultado el debilitamiento de la institucionalidad democrática y del sistema de pesos y contrapesos”, destacó la Mesa en un comunicado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados también se pronunciaron ayer y dijeron estar preocupados porque las reformas “afectan severamente el principio de la separación de poderes y la independencia judicial de los órganos de justicia”.
Ambos recordaron al Estado salvadoreño que la jubilación de jueces debe ser un derecho y no una imposición.