RESTITUIR A MAGISTRADOS
ueces, magistrados de Segunda Instancia y empleados del sistema judicial marcharon ayer hacia la Asamblea Legislativa para hacer dos solicitudes: que se restituya a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, removidos el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa, y que se deroguen las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que fueron aprobadas el pasado 31 de agosto.
“Hemos salido a las calles a pedir que se deroguen las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y pedimos que se restituya a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Estamos viendo el tipo de resoluciones con decisiones que están tomando los operadores políticos de Casa Presidencial. Este tipo de decisiones son ilegítimas, no son vinculantes, son inconstitucionales”, aseguró el juez Tercero de Sentencia, Juan Antonio Durán.
Más de 200 funcionarios acompañaron ayer la marcha con el objetivo que la Asamblea derogue el decreto y retroceda con la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Carlos Sánchez, uno de los magistrados destituidos por el oficialismo el 1 de mayo, acompañó la manifestación pero se abstuvo de brindar declaraciones a la prensa, a pesar que dijo que tiene “puntos pendientes” que debe tratar con los medios de comunicación.
En el escrito presentado, los jueces argumentaron y reiteraron que las modificaciones aprobadas a la Ley de Carrera Judicial tienen vicio de fondo y de forma.
De fondo porque violenta el artículo 186 inciso cuatro de la Constitución que garantiza la estabilidad en los cargos de jueces y magistrados. Y de forma porque las iniciativas de ley relacionadas al Órga
Jno Judicial corresponden únicamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Al llegar al recinto legislativo, en la ventanilla de recepción no querían recibir el escrito, argumentando que debían agregar una copia del decreto. “Finalmente y después de múltiples obstáculos irrazonables y gestiones se nos recibió el escrito que pide derogar Decreto de reformas a Ley de Carrera Judicial y restablecer el Estado Constitucional”, aseguró Samuel Lizama, magistrado de la Cámara Ambiental de Santa Tecla.
El juez Jorge Guzmán, quien lleva el caso de la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños, hizo un llamado a todos los jueces que llevan casos “difíciles o emblemáticos” para que no cedan su posición y pide que restaure su institucionalidad y dignidad como jueces.
“No podemos aceptar que se nos dé continuidad en nuestros cargos solamente porque estamos conociendo casos difíciles”, cuestionó Guzmán.
Ante la pregunta si continuará o no conociendo el caso sobre El Mozote, dijo que dependerá si el decreto es derogado por el Órgano Legislativo.
“El artículo 4 de la reforma establece un régimen de disponibilidad, pero yo en lo personal no estoy dispuesto a someterme a un régimen como este porque es humillante, indignante e insultante para los jueces. Lo cierto es que todo debe volver al estado en el que se encontraba antes de que se diera esas reformas”, aseveró.
El juez Durán por su parte confía en las gestiones que realiza Mesa Judicial y la posición de la mayoría de jueces que piden que las reformas sean derogadas.