CSJ DECLARA "INEXISTENTES" LAS DECLARACIONES DE PROBIDAD DEL GABINETE BUKELE
Entre los funcionarios que no han presentado su declaración patrimonial están el ministro de Gobernación, el titular de Agricultura y el director de Correos.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró como inexistente la declaración patrimonial de algunos funcionarios del actual gobierno, porque, según argumentó, las instituciones a cargo de estos titulares no la reportaron.
El documento cita a cuatro funcionarios: Rolando Alfredo Martínez Pineda, ministro de Agricultura y Ganadería; Juan Carlos Bidegaín, ministro de Gobernación; Franklin Alberto Castro Rodríguez, director general de Correos y Patricia Leonor Comandari, viceministra de Relaciones Exteriores.
La respuesta corresponde a una solicitud de información realizada por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), que había solicitado la versión pública de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios mencionados.
“Ninguna institución los ha reportado como obligados a presentar su respectiva declaración jurada de patrimonio, por eso no se entregan, ya que es información inexistente”, indica la respuesta de la Unidad de Acceso a la Información de la CSJ.
Wilson Sandoval, coordinador de ALAC, sostuvo que esto representa un retroceso, porque en 2017 esa era información pública que por criterio selectivo del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) había sido clasificada como tal.
“El retroceso no es solo en que no hayan entregado la información, sino que esta información es la que ha servido para llevar a juicio a expresidentes como Mauricio Funes y Antonio Saca por el tema de declaraciones patrimoniales. La pregunta es por qué están negando esta información”, dijo.
Señaló que tienen conocimiento de que hay información que desde la CSJ se está ocultando a pesar de su existencia: “Sabemos que al interior de la Corte Plena hay funcionarios que han decidido que la información de versión pública sobre declaraciones patrimoniales se deniegue aunque esta exista”.
José Marinero, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, enfatizó en que esta es una respuesta “congruente” con la política de opacidad del gobierno y de la Corte impuesta. “El abuso de las figuras de la reserva y de la inexistencia de información es prácticamente incontrolable en este momento, dada la captura del IAIP y el desmantelamiento de la justicia constitucional. La única manera-con limitacionessería acudir ala justicia contencioso administrativa, aunque una decisión favorable podría terminar siendo revisada ante la ilegítima Sala de lo Constitucional”, criticó.
Asimismo, dijo que evidencia una contrariedad con el discurso anticorrupción que maneja el gobierno salvadoreño y que responde a una eliminación de los controles que están llevando a un Estado autoritario y “radicalmente” corrupto.
Según la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, estos deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio ante la CSJ por medio de la Sección de Probidad. En el artículo 17 de esta ley, se determina que la Corte podrá imponer multas a los funcionarios y empleados públicos que omitieren hacer la declaración en los términos indicados.
De lo contrario, señala que se les cesarán las funciones de sus cargos si dentro del plazo prudencial no declara de forma legal el estado de su patrimonio.
“Sabemos que al interior de Corte Plena hay funcionarios que deciden que esta información, de versión pública, se deniegue aunque exista”. Wilson Sandoval, COORDINADOR EN ALAC.
“Sin declaraciones de probidad a disposición pública se acaba la posibilidad de escrutinio externo y se cierra un círculo de impunidad”. José Marinero, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DTJ.