SIN RELACIÓN
Fuentes cercanas al juez de Sentencia han confirmado que el citatorio obedece a otras investigaciones en curso y no tienen relación a los eventos realizados por los jueces, en los que han solicitado la derogación de las reformas aprobadas por la Asamblea
omo una coincidencia. Así catalogaron al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) el citatorio de José Alberto Franco Castillo, juez del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, quien acudió ayer a la sede fiscal luego de ser citado el pasado 31 de agosto, en el marco de su participación en la protesta de jueces por las reformas aprobadas a la Ley de la Carrera Judicial.
Franco Castillo fue quien leyó el pronunciamiento de jueces en la primera conferencia de prensa convocada el pasado 1 de septiembre, en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.
Ayer se conoció que el citatorio tenía como objetivo que él declarara en calidad de testigo en un proceso judicial, pero el juez no brindó declaraciones y no confirmó el motivo por el cual el Ministerio Público lo llamó.
Una fuente judicial vinculada al juez confirmó que Franco Castillo fue citado como testigo en un caso que aún está en investigación. “No tiene relación a los eventos del decreto legislativo que pedimos derogar. Es decir, el citatorio se dio en
Cun contexto de casualidad”, aseguró.
Dos horas duró aproximadamente la diligencia en la que Franco Castillo participó. Luego salió de sede judicial sin dar detalles del citatorio y solamente informó que no daría explicaciones a los medios de comunicación.
Funcionarios judiciales han informado que algunos jueces y magistrados han sido intimidados y no descartan que ese citatorio haya sido también uno de esos intentos para detener las manifestaciones contra las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
“Han sido intimidados. Algunos han sido citados a la Fiscalía y nos parece que es una persecución política indebida. Somos funcionarios, actuamos con decoro y respeto y no ofendemos a nadie”, dijo el pasado martes Samuel Lizama, magistrado de la Cámara Ambiental de San Salvador y quien también ha protestado.
El miércoles 1 de septiembre Franco Castillo fue el portavoz del primer comunicado que hicieron público los jueces de la República, en el que hicieron siete peticiones, tanto a la Corte Suprema de Justicia y al presidente de la República.
En 2018 el juez de Sentencia de Santa Tecla decidió absolver a cinco agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), quienes fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) del asesinato extrajudicial de Dennis Hernández, de 20 años.
El joven falleció en un supuesto enfrentamiento en el que también muerieron otros siete pandilleros. En esa ocasión Franco Castillo decretó que, tras concluir el juicio en contra los imputados, no se reunieron las pruebas suficientes para establecer que este caso se trató de una ejecución extrajudicial.
Hernández fue asesinado el 26 de marzo de 2015 y en esa ocasión la PNC sostuvo que el joven era pandillero.