SE PROFUNDIZA EL RETROCESO DEMOCRÁTICO
El mes de septiembre no pinta nada bien para la institucionalidad democrática, no solo por lo que se puede esperar con la ilegítima iniciativa de sustituir la Ley Fundamental, sino que, porque continúan las secuelas del golpe a la Constitución del 1 de mayo, cuando se desplegó el desmontaje institucional y la desaparición del sistema de división de poderes, al destituirse inconstitucionalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y que dejó a las libertades individuales en estado de indefensión, sin mecanismos efectivos para poder protegerlas.
Toda esta situación de retroceso democrático coincide con el Bicentenario de nuestra Independencia, fecha en que conmemoramos la gesta heroica de nuestros próceres que lucharon por la libertad; libertad que irónicamente 200 años después, se encuentra bajo grave riesgo como consecuencia de la deriva autoritaria que está sufriendo el país y que se agudiza a ritmo acelerado.
Las últimas secuelas del deplorable 1 de mayo, que constituyen un nuevo golpe artero contra la democracia, son el atentado a la independencia judicial con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, para cesar forzosamente a jueces, y, por otra parte, la interpretación tergiversada y contraria a normas expresas de la Constitución, por parte de la Sala de lo Constitucional impuesta, que viene a romper el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
Ambas implican violaciones a la Ley Fundamental que, para concretizarse, necesitan obviamente de una justicia constitucional sin independencia.
La cesación arbitraria de más de 200 jueces del país, por tener más de 60 años de edad, es abiertamente inconstitucional, pero además es una reforma que atenta contra la dignidad e integridad de los jueces. Una de las cualidades que más se aprecia de un juez, además de la honestidad y el conocimiento, es la experiencia en la judicatura.
Pero no, acá la edad y la experiencia la han relacionado con un parámetro para depurar el
Órgano Judicial por la corrupción. Nada más irrazonable y ofensivo. Es una reforma discriminatoria, que persigue anular la independencia judicial y con ello acabar con el último reducto que queda para tener alguna protección en el sistema de justicia.
Si algo ha distinguido a nuestra Constitución es que tiene una serie de candados para evitar que los gobernantes se perpetúen en el poder, por lo que distintos constituyentes trataron de ser lo más contundentes y explícitos al respecto. Tan es así, que el principio de alternabilidad en la presidencia es una norma pétrea irreformable. Sin embargo, esas barreras infranqueables logran ser traspasadas cuando, por ejemplo, un tribunal constitucional es controlado políticamente y lo permite, tal como ya pasó en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y ahora sucede también acá. La decisión de la Sala impuesta el 1 de mayo y que permite la reelección inmediata constituye un gravísimo atentado contra la Constitución y la democracia, la cual ha quedado más herida en El Salvador y en peligro de muerte.
Son tiempos difíciles para la institucionalidad. Ojalá se entienda que la democracia también impone que se respete la legitimidad de ejercicio del poder, y que se obre acorde con la Constitución y los tratados internacionales que protegen la democracia, las libertades y los derechos humanos.
La decisión de la Sala impuesta el 1 de mayo y que permite la reelección inmediata constituye un gravísimo atentado contra la Constitución y la democracia, la cual ha quedado más herida en El Salvador y en peligro de muerte.