OBISPOS FIRMAN POSICIÓN ANTE AMENAZAS A CONSTITUCIÓN
Los obispos recuerdan que la cesación de jueces de hace unos días y la amenaza de reelección presidencial son acciones sin validez constitucional. Si se procede en ese sentido, con arbitrariedades y de espaldas a la Carta Magna, temen que de un estado de cosas insatisfactorio pasemos a otro igual, en perjuicio de las grandes mayorías. Incapaz de entender que en esta comunicación de la iglesia católica hay una crítica pero a la vez un puente a partir del reconocimiento de una aspiración en común, la de dignificar la impartición de justicia en El Salvador, es probable que Bukele y sus mastines se lancen ahora contra los obispos.
La Conferencia Episcopal de El Salvador, entiéndase la asamblea de los obispos de la Iglesia Católica en nuestro país, se pronunció ayer de manera inconfundible acerca de las graves decisiones tomadas por el gobierno de Bukele en los últimos meses.
En un comunicado divulgado ayer, los jerarcas del catolicismo salvadoreño resumieron en nueve puntos su preocupación por el curso de los acontecimientos, dejando entrever además una línea inconfundible acerca de las necesidades más importantes para la nación.
Del texto, sobresale la referencia a cambios en las estructuras y al statu quo judicial, que la Iglesia reconoce como válido y necesario. Pero aunque “El Salvador necesita urgentemente un cambio de estructuras (...) sólo será posible si es realizado por hombres y mujeres con corazones nuevos”, sostiene la Conferencia Episcopal. Y como cualidades de esos salvadoreños de paz, resalta que deben ser respetuosos de la ley, de la paz y de los valores de la democracia.
Aunque en la clave infantil y maniquea en la que el presidente lee todo lo que pasa, esto basta para incluir a la jerarquía católica en el cada vez más numeroso rol de sus “enemigos”, los obispos están dándole una concesión importante y explícita.
En dos oportunidades de su manifiesto, plantean que la depuración del sistema judicial y del statu quo de él derivado es importante, una aspiración legítima. Esa declaración es acaso la más importante hecha por la Iglesia católica salvadoreña en varios años; sobre ese innegable consenso no sólo entre la Conferencia Episcopal y el gobierno sino población, academia y sociedad civil, adviene la también mayoritaria convicción de que el camino seguido por el oficialismo para enfrentar esa situación sólo empeora el escenario.
Lo hace en primer término porque es un camino ilegal. Y lo más grave es que el gobierno se está acostumbrando a recorrer sendas ilegítimas e inconstitucionales, ya sea por considerarlas atajos procedimentales o, peor aún, porque desde ellos no se les obliga a rendición de cuentas ni transparencia.
Los obispos recuerdan que la cesación de jueces de hace unos días y la amenaza de reelección presidencial son acciones sin validez constitucional. Si se procede en ese sentido, con arbitrariedades y de espaldas a la Carta Magna, temen que de un estado de cosas insatisfactorio pasemos a otro igual, en perjuicio de las grandes mayorías.
Incapaz de entender que en esta comunicación de la Iglesia católica hay una crítica pero a la vez un puente a partir del reconocimiento de una aspiración en común, la de dignificar la impartición de justicia en El Salvador, es probable que Bukele y sus mastines se lancen ahora contra los obispos. El oficialismo ya demostró no tener ningún código, el gabinete del odio sólo espera que le indiquen hacia dónde enfilar sus colmillos.
De otra persona se esperaría una reflexión, la apertura de una mesa en la cual diversos sectores tengan la posibilidad de expresar su inconformidad con la destrucción del derecho constitucional. Ese ejercicio sería más útil que el sainete protagonizado por Félix Ulloa, que hizo perder tiempo a mucha gente decente sólo para que Bukele lo dejara en ridículo a través de su Sala de lo Constitucional títere.
Afortunadamente, hay cada vez más salvadoreños demostrando un compromiso superior al del vicepresidente con su integridad y valores democráticos. Y exhiben su coraje sin temor a las represalias, al tiempo inspiradores y excepcionales en la atmósfera tóxica cultivada por Bukele.
Los obispos cerraron su comunicado con una petición sencilla sobre la criptomoneda: que los diputados reformen la Ley, dejando inequívocamente establecido que esa especie es de uso y aceptación voluntaria, no obligatoria. Es probable que lo hagan, que exhiban obediencia ante la jerarquía católica considerando que son gente tan devota como para haber decorado el Salón Azul con una frase religiosa. Que así sea.