FIJAN FECHA PARA RETIRO DE JUECES Y MAGISTRADOS
“Que le digan a los jueces que acepten el bono de 24 meses antes que entre en vigencia la reforma es un chantaje. Buscan que acepten el dinero a cambio de su independencia”.
Juan Antonio Durán,
JUEZ
“Nosotros (Corte Plena) no estamos pidiendo a nadie que renuncie. Que cada quien tome sus decisiones. Lo que estamos pensando es a futuro, anticipándonos”.
Óscar López Jerez,
PRESIDENTE DE LA CSJ
EL DECRETO CON LAS REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL YA FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL Y CORTE PLENA OFRECE UN “BONO” A LOS JUECES QUE SE RETIREN ANTES DEL 26 DE SEPTIEMBRE, CUANDO ENTRARÍAN EN VIGENCIA LOS CAMBIOS.
Como un chantaje. Así califican los jueces la propuesta aprobada ayer por Corte Plena de entregar una indemnización de 24 salarios a los jueces y magistrados de segunda instancia que renuncien antes de entrar en vigencia las reformas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), que establecen el retiro obligatorio para los funcionarios mayores de 60 años de edad o que hayan cumplido 30 años de servicio. La fecha límite para ello sería el 26 de septiembre.
Ayer al mediodía se publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo 144 que contiene las reformas a la LCJ y que, según el texto aprobado por mayoría legislativa, entrará en vigencia ocho días después. Ese tiempo generó dudas en cuanto la fecha límite para los jueces y magistrados, pero Corte Plena decidió ayer en reunión extraordinaria que tomarían en cuenta los “días corridos”, es decir, ocho días calendario contados a partir de hoy.
En la misma reunión extraordinaria Corte Plena, con nueve votos, aprobó que entregarían una indemnización de 24 salarios para los jueces o magistrados que se retiren antes de entrar en vigencia el Decreto 144, lo cual es algo extraordinario, pues la indemnización normal es de 12 salarios. El juez Juan Antonio Durán calificó esta acción como un chantaje.
“El hecho de que estén diciéndole a los jueces que acepten el bono de 24 meses antes que entre en vigencia la reforma es un chantaje porque buscan que acepten el bono a cambio de su independencia”, expuso Durán.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya secundó esta idea y consideró que “si no hay una ley que autorice este bono, ofrecerlo es ilegal”.
La propuesta de este bono surgió del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, y generó división incluso en Corte Plena. Lo magistrados Dafne Sánchez, Leonardo Murcia, Sergio Rivera y Paula Patricia Velásquez dijeron
que el Decreto 144 presenta varios vicios de inconstitucionalidad y que no debía discutirse el contenido porque no estaba vigente, pero sus opiniones fueron superadas con nueve votos, la mayoría de ellas por magistrados que han sido elegidos e impuestos por la actual Asamblea Legislativa con el beneplácito del Ejecutivo.
Corte Plena también aprobó ayer que si
un juez decide no retirarse se le mantendrá por un máximo de cinco años en “régimen de disponibilidad” y se le mantendría con las prestaciones de ley, incluido el seguro médico. Y si decide renunciar durante ese período o si espera hasta el final le darán la indemnización normal, es decir, los 12 salarios.
Óscar López Jerez dijo a LA PRENSA GRÁFICA ayer que el caso de cada juez será estudiado por Corte Plena, uno por
uno, y que buscarán que sea un proceso de “retiro escalonado”, no de golpe.
Martín Rogel, magistrado de la Cámara Primero de lo Penal, dijo que el régimen de disponibilidad representa también un reto, puesto que las reformas dejan a criterio de Corte Plena realizar cada traslado. “Se le da la facultad a la Corte para que pueda hacer los traslados de jueces o magistrados adonde ellos consideren que van a desempeñar una mejor función. Eso
implica que un juez que está en San Salvador lo pueden mandar a cualquier otro departamento porque también ellos reformaron el tema de las categorías. San Salvador por ejemplo es primera categoría y ahora un magistrado de Cámara de San Salvador lo pueden mandar a San Miguel, Ahuachapán, Usulután, porque ya sería una sola categoría”, manifestó.
Los jueces dijeron ayer que aún analizan medidas para frenar el decreto.