CRISTOSAL ASEGURA QUE GOBIERNO BUSCA “JUECES A LA CARTA”
CRISTOSAL PRESENTÓ DEMANDA EN CONTRA DEL ESTADO SALVADOREÑO ANTE LA CIDH POR REFORMAR LEY DE CARRERA JUDICIAL Y OBLIGAR CON ELLA A JUECES MAYORES DE 60 AÑOS DE EDAD A ABANDONAR SUS CARGOS .
Zaira Navas,
JEFA DE ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD DE CRISTOSAL
“Se pretende trasladar a cualquier parte del país a jueces y juezas que les resulten incómodos. Es decir, que el Gobierno busca jueces a la carta”.
Cristosal presentó, el 17 de septiembre por la tarde, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando la adopción de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que solicite al Estado salvadoreño la suspensión de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de la carrera judicial.
Las reformas a la ley fueron publicadas en el Diario Oficial de la República de fecha del 14 de septiembre, por lo que estas entrarán en vigencia 8 días después de la publicación. Es decir, el próximo 22 de septiembre.
“Se han agotado los recursos internos y eso nos habilita para acudir directamente a la justicia interamericana”, explicó en conferencia de prensa Zaira Nacas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal.
La entrada en vigencia de esta reforma obligaría a más de 240 jueces, juezas, magistradas y magistrados a cesar sus cargos inmediatamente. Esta acción, explicó Navas, es “realmente la confirmación del golpe de Estado que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha dado al Órgano Judicial, eliminando el sistema de pesos y contrapesos establecidos en la Constitución de la República”.
“Se pretende trasladar a cualquier parte del país a jueces que se consideren incómodos. Es decir, que el Gobierno busca jueces a la carta”, advirtió Navas.
De acuerdo con Ruth López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la organización representa directamente a 56 jueces. Sin embargo, esperan recibir más peticiones de profesionales que busquen unirse a la iniciativa.
Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, de acuerdo con López, son violatorias del derecho de la protección judicial de la población salvadoreña. Además, agregó que las reformas atentan en contra de “los derechos laborales y el debido proceso de los funcionarios y funcionarias re
movidos”. Además, también se vulneran los derechos de audiencia y defensa y el derecho a participar en las funciones públicas del país.
Para Cristosal, la separación de las y los funcionarios judiciales vulnera la independencia judicial y elimina las salvaguardas de la población frente a los abusos de poder y la corrupción. “Lamentamos enormemente que quede en desprotección el derecho a una tutela judicial efectiva que tiene la población salvadoreña”, expresó Zaira Navas.
David Morales, jefe de Justicia Transicional, aseguró que el mayor ejemplo del ataque a la independencia judicial es la separación del juez Jorge Guzmán, quien ha estado al frente del caso El Mozote desde su apertura en 2016. Caso que, de acuerdo con Morales, acumula ya 190 piezas.
“La expulsión del juez Guzmán generaría una parálisis de la instrucción penal”, explicó Morales.
De acuerdo con los exponentes, la reforma a la Ley de la Carrera Judicial no se trata de una depuración orientada al combate a la corrupción, sino de la “cooptación del poder judicial encaminada al nombramiento de jueces sumisos al poder Ejecutivo”.
“Es importante decir que las resoluciones de la CIDH, así como de la Corte interamericana, son de obligatorio cumplimiento para los países suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, como el caso de El Salvador”, recalcó Navas. Además, agregó que la situación de El Salvador “no es desconocida por la comunidad internacional”.
La abogada Ruth López explicó que han existido casos, como el de Venezuela, en los que países han tomado la decisión de no formar más parte de la CIDH. Explicó que, a pesar de que existe la posibilidad de abandonar el organismo, la demanda fue interpuesta mientras El Salvador aún forma parte del mismo, por lo que una renuncia a la CIDH no invalidaría las resoluciones de la misma.