EL ESTADO SALVADOREÑO DEVUELVE NIÑOS A FAMILIAS ABUSADORAS

EN EL SALVADOR, LOS NIÑOS ESTÁN DESPROTEGIDOS: MÁS DE 100 MIL ALERTAS DE AMENAZAS O VULNERACIONES A LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA RECIBIERON LAS JUNTAS DE PROTECCIÓN ENTRE 2012 Y 2020. LOS POCOS QUE EN ALGÚN MOMENTO SON RESCATADOS DE PADRASTROS QUE ABUSAN O PARIENTES QUE TORTURAN, CON FRECUENCIA, REGRESAN A ESAS CONDICIONES PORQUE EL ESTADO ES INCAPAZ DE GARANTIZARLES PROTECCIÓN Y UN ENTORNO LIBRE DE VIOLENCIA. DE 10 MIL NIÑOS BAJO CUSTODIA INSTITUCIONAL EN 2010, LA CIFRA SE REDUJO A 3 MIL EN 2020. HAN SIDO DEVUELTOS CIENTOS DE NIÑOS A HOGARES DE ABUSO. ESTA ES LA HISTORIA DE ALEJANDRA, NICOLÁS, CLAUDIA, JOSÉ, ALEJANDRO, Y DE UN SISTEMA QUE LOS ABANDONÓ.

Quienes lo presenciaron cuentan que en 2011 hubo un éxodo de niños, niñas y adolescentes saliendo de instituciones de resguardo del Estado hacia sus casas, con sus familias biológicas. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), una norma que priorizó devolver a los niños en instituciones del Estado a sus familiares, entró en vigencia en El Salvador. En aquel tumulto iban José y Alejandro, que no terminaban de entender lo que pasaba. Dos hermanos de nueve y de 11 años a quienes su madre abandonó en un hogar de acogida.

En casa, José y Alejandro se encontraron con un hombre que solo sabía tratarlos con crueldad. Los obligaba a trabajar y, si no llevaban la cuota diaria de dinero, los ataba y los golpeaba, o los encerraba en un cuarto y los dejaba sin comer. Ambos fueron devueltos a una familia, sí, pero a una abusiva y negligente. El Estado los regresó a una madre que los rechazaba constantemente y a un padrastro que los laceraba a golpes.

En 2010, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) reportó más de 10 mil niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Así llama el Estado a los menores de 18 años que están bajo sus cuidados en instituciones, orfanatos, hogares, familias sustitutas o acogimiento familiar. Con la aplicación de la Lepina, el número disminuyó de forma considerable. Solo para 2011, la institución registró tres mil menores menos. Y, en 2020, el sistema de datos del ISNA reportó una población de un poco más de tres mil institucionalizados. Menos de la mitad que hace diez años.

En 2011, la Lepina entró en vigencia. Esto marcó un punto de quiebre en los mecanismos de protección. Antes de la ley, se llevaba a los niños agredidos a centros de protección. Muchos se quedaban ahí hasta cumplir los 18 años. Ante este problema, la nueva legislación priorizó la unión familiar para restablecer la procuración de sus derechos. Esto, claro, junto a acciones que garantizaran “el fortalecimiento de los lazos familiares y la superación de las causas que motivaron la medida” de protección. Y así se comenzó a regresar a niños como José y Alejandro a sus casas. Pero el Estado, en muchos casos, ha sido incapaz de garantizar que una familia o que el entorno familiar violento se reforme.

Según explican expertos consultados para esta investigación de La Prensa Gráfica y CONNECTAS, a muchos de esos niños y adolescentes las autoridades jamás les dieron seguimiento. Y volvieron a las mismas condiciones de abuso y violencia de las que habían salido; así como José y Alejandro.

Las juntas de protección del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) son las entidades encargadas de dictar medidas que garanticen la protección de menores amenazados o vulnerados. Conformadas por un abogado, un trabajador social y un psicólogo, son quienes determinan cuándo un niño puede volver con su familia.

Miguel, un exempleado de una de esas juntas de protección, quien habla bajo condición de anonimato, cuenta que la falta de seguimiento de casos no ha cambiado. A los niños que tienen suerte, dice, los visitan hasta un año después de haberlos regresado con sus familias. pero eso casi nunca pasa. no hay tiempo. Ni recursos. Ni voluntad.

Por eso, muchos, como José y Alejandro, regresaron a las manos de sus agresores o de nuevos agresores. A ellos los maltrataron y torturaron durante tres meses. Y cuando no pudieron más, huyeron para buscar ayuda en otros familiares. Nadie quería recibirlos.

Finalmente, al ver que los niños no tenían a dónde ir, unos tíos les dieron un lugar para dormir. Pero los separaron. Alejandro se quedó en la zona urbana, le pusieron una colchoneta en un garaje; ya Jo sé, en el campo, le dieron espacio en un cuarto descuidado donde se guardaba la leña. Así crecieron, separados. Así, llenos de traumas.

El problema de origen son los mecanismos para garantizar que estos parientes están en condiciones de brindarles protección. El proceso de reintegro se sigue sin realizar estudios adecuados de las familias a las que los niños van a ser enviados ni claridades sobre las condiciones de los hogares en los que van a vivir.

Para los niños y sus familiares no hubo acompañamiento social, legal ni sicológico. “No se hizo un trabajo integral”, explica Carlos Flores, asesor nacional de Protección Infantil de Aldeas Infantiles SOS, una organización internacional que procura el bienestar de la niñez y la adolescencia en El Salvador.

Entonces, el problema no es que la ley busque dar prioridad ala unión familiar, dice Crissia Pérez, una abogada con amplia experiencia en derechos de niñez y adolescencia. Ese es, de hecho, uno de sus grandes logros. Lo que falla son los procedimientos, porque “no analizan todas las condiciones que debenreunirse para que un niño pueda volver a casa, con su familia”.

Y por eso, muchos regresan a lugares de tortura. “Incluso, se ha reintegrado a niños y niñas en contra de su voluntad. Porque: ‘Pues sí, es su mamá, es su papá, va a cambiar ’. Pero como no les damos las herramientas para que lo hagan, los casos vuelven, y peor”, explica Martha, una empleada del CONNA que habla con la condición de anonimato.

Martha y otras fuentes del sistema de protección advierten que ni el CONNA ni