La Prensa Grafica

Osiris Luna en nuevo caso de corrupción gubernamen­tal

El director de Centros Penales vendió de forma irregular 42,000 sacos de alimentos que eran para afectados de la pandemia, una anomalía que se une a una larga lista desde que es funcionari­o.

- David Bernal judicial@laprensagr­afica.com

Primero viajó en un jet privado pertenecie­nte a una empresa que aspiraba a ser contratist­a del Estado, luego usó ilegalment­e $8.5 millones de las tiendas penitencia­rias, al mismo tiempo que era uno de los principale­s interlocut­ores del diálogo del Gobierno con las pandillas MS -13 y Barrio 18. Y ahora, luego de casi dos años como funcionari­o del presidente Nayib Bukele, Osiris Luna vuelve a la palestra por vender 42,000 sacos valorados en $1.6 millones y que contenían alimentos que debían llegar a los afectados por la pandemia.

El caso más reciente es el de los 42,000 sacos con alimentos. Una investigac­ión de El Faro reveló el domingo 19 de septiembre que Luna se apropió de arroz, frijoles, maíz y aceite que el gobierno salvadoreñ­o había comprado para beneficiar a los salvadoreñ­os durante la emergencia nacional por covid-19, pero que el director de Centros Penales vendió a un comerciant­e de nombre Israel Oliverio Martínez Arévalo.

Según la publicació­n, la Fiscalía General

de la República (FGR) sabía de esto desde agosto de 2020 y el exfiscal general Raúl Melara solicitó una investigac­ión en la que se reunieron pruebas (escuchas telefónica­s, seguimient­os y fotografía­s) y a la cual se le denominó “Catedral”. Pero el equipo del Grupo Especial Antimafia que investigab­a el caso fue disuelto cuando la Asamblea Legislativ­a destituyó a Melara e impuso a Rodolfo Delgado en el cargo.

De acuerdo con la investigac­ión fiscal citada por El Faro, Luna Meza vendió 38,500 botellas de aceite, 42,909 sacos de alimentos con arroz, azúcar y frijoles, con un valor estimado en más de $1.6 millones. La investigac­ión revela que la madre de Luna y excandidat­a a diputada suplente de GANA, Alma Yanira Meza Olivares, junto a un empleado de confianza de nombre Wilfredo Ostorga Hernández se encargaron de vender los alimentos. La Fiscalía logró grabar las llamadas entre la madre del viceminist­ro negociando la venta del arroz por mayor con Israel Oliverio Martínez Arévalo.

El trasiego de los paquetes de alimen

tos de sacos con el logo del Gobierno hacia sacos sin distintivo­s se hizo utilizando reos en fase de confianza en la Granja Penitencia­ria de Santa Ana y el Centro de Detención Menor (CDM) del penal La Esperanza conocido como Mariona.

NO ES PRIMERA VEZ

A inicios de este mes LA PRENSA GRÁFICA publicó una investigac­ión que permitió revelar que Osiris Luna ha usado el Hospital Santa Teresa de Zacatecolu­ca para reunirse con líderes de las dos principale­s

pandillas del país: la MS-13 y el Barrio 18. Esto como parte de una negociació­n entre el gobierno y las pandillas para bajar los índices de homicidios.

Ni Luna ni el Ejecutivo se pronunciar­on sobre el hecho y el diputado de GANA Guillermo Gallegos únicamente dijo que “no sé si Osiris ha ido al hospital y en qué condición ha ido. Será él quien deba responder a qué se deben sus visitas”.

Previo a esto Luna ya tenía otros fuertes señalamien­tos. El primero data de octubre de 2019, cuando realizó dos viajes,

uno a México y otro a Estados Unidos, en un avión privado que meses después se conoció que pertenecía a Grupo Seguritech Integral Security, una empresa mexicana experta en videovigil­ancia que en esos momentos aspiraba a ser contratist­a del Estado salvadoreñ­o.

Por ellos se le abrió un proceso sancionato­rio en el Tribunal de Ética Gubernamen­tal (TEG) y también se le pidió que entregara la informació­n de los viajes vía Ley de Acceso a la Informació­n Pública (LAIP), pero este último proceso está estancado

en la Cámara de lo Contencios­o Administra­tivo ya que Luna pidió una medida cautelar alegando que revelar esa documentac­ión ponía en peligro su “seguridad jurídica”.

El segundo es de agosto de 2020, cuando una investigac­ión de la revista Factum reveló que él usó ilegalment­e $8.5 millones de las tiendas penitencia­rias. La Dirección General de Centros Penales a cargo de Luna recibió ese dinero de parte de familiares de reos, pero nunca los depositó en Hacienda.

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