EL PRONTUARIO DE LOS CINCO MAGISTRADOS IMPUESTOS
ESTADOS UNIDOS INCLUYÓ A LOS CINCO ABOGADOS IMPUESTOS EN LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL EN LA LISTA ENGEL, POR COMETER “ACCIONES QUE DEBILITAN LA DEMOCRACIA” AL SER NOMBRADOS DE FORMA ILEGAL Y ABRIR LA PUERTA A LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL INMEDIATA.
“Es un paso importante para hacer rendir cuentas a los funcionarios de alto nivel y sus cómplices que están directamente involucrados en la corrupción y la obstrucción de los procesos democráticos”.
El primer acto ilegal lo cometieron aquella noche del 1 de mayo de 2021 mucho antes de ser juramentados: los cinco abogados aceptaron ser impuestos en la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, sin seguir el debido proceso.
El artículo 186 de la Constitución de la República establece que para que la Asamblea Legislativa escoja a los candidatos que opten al cargo de magistrados deberán proceder de dos listas: la propuesta por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) y la del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Ninguno de los cinco abogados impuestos eran parte de los 30 nombres de ambas nóminas.
Sin embargo, José Ángel Pérez Chacón, un exasesor jurídico de la Presidencia; Luis Javier Suárez Magaña, exgerente de
operaciones en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (oficina adscrita al Ejecutivo) y excomisionado del IAIP; Óscar Alberto López Jérez, amigo del diputado Guillermo Gallegos y magistrado de la Sala de lo Civil; Elsy Dueñas, quien había quedado sin posibilidad de ser reelegida como magistrada; y Héctor Nahún Martínez, defensor del director de la PNC ante la Asamblea, se enfundaron sus mejores trajes y terminaron juramentados como magistrados por la bancada oficialista y diputados afines al Ejecutivo, tras desarticular a la Sala.
Minutos antes de ese nombramiento, los magistrados “destituidos” emitieron un fallo en el que declararon inconstitucional el decreto aprobado por la Asamblea cian. Consideraron como “grave y relevante” el acto y señalaron que violaba la independencia judicial y no estaba apegada a derecho.
“La falta de beneplácito del Órgano Ejecutivo no es razón para destituir a funcionarios constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta Sala, es decir una coacción”, dice el fallo que fue colgado, con dificultades, a las redes sociales de la CSJ.
Esa misma noche llegó el segundo acto ilegal de los impuestos: fueron escoltados desde la Asamblea por agentes policiales y el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro (acusado de corrupción por Estados Unidos), hasta el Palacio Judicial para que pudieran usurpar los despachos en la Sala de lo Constitucional.
Ya en el cargo, llegó la primera acción que reveló el nexo entre los magistrados impuestos y el Ejecutivo: impedir la extradición de influyentes cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) que Estados Unidos reclama desde 2020 por actos relacionados con terrorismo.
El 10 de junio pasado, Pérez Chacón, el exasesor jurídico de Casa Presidencia, pidió en Corte Plena revocar el acuerdo de extradición de Armando Melgar Díaz, alias “Blue”, un cabecilla MS-13 que una corte de Virgina reclama para juzgarlo por ocho cargos de terrorismo. Aunque ese día Pérez Chacón perdió, logró entretener el trámite hasta el 26 de agosto pasado, cuando una Corte Suprema ya controlada por el Ejecutivo decidió suspender la extradición hasta nuevo aviso.
Treinta días después de aquella sesión, el mismo exasesor de Bukele repartió las salas y comisiones al interior de la Corte Suprema de Justicia sin tomar en cuenta la opinión de quienes le sugirieron considerar la experiencia de cada magistrado .
López Jerez avaló el reparto anómalo y admitió la falta de experiencia de algunos magistrados para el cargo. Incluso, hay sectores que reclaman que los propios abogados impuestos no están preparados para el puesto: ninguno tiene estudios especializados en derecho constitucional. Tampoco tienen maestrías ni doctorados. Además, de los cinco, tres tampoco tienen carrera en la judicatura.
La más reciente acción ilegal de los cinco magistrados impuestos ocurrió el viernes 3 de septiembre de 2021: la Sala publicó una resolución que abre la posibilidad a la reelección presidencial inmediata.
Los magistrados justificaron su decisión bajo el argumento de que es “el pueblo” quien tiene que decidir; por lo que no le pueden quitar la posibilidad de elegir una segunda vez consecutiva a la misma persona.
Esas acciones llevaron a Washington a incluir a los cinco abogados impuestos en la Sala de lo Constitucional en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como la Lista Engel. Una designación que suspende inmediatamente el permiso para viajar a EUA, y que la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, catalogó como “inicial”.