NACIONALIZAR PENSIONES NO RESUELVE FINANZAS DEL GOBIERNO
Cuando un gobierno como el actual anuncia que hará una reforma integral de pensiones en el país y que será presentada a la Asamblea Legislativa antes del 15 de octubre, se vuelve necesario reflexionar sobre ¿en qué va a consistir?, ¿cuál es el objetivo del gobierno de hacer esa reforma?, ¿beneficiará a los cotizantes o solo servirá para que el gobierno financie su déficit?
La reforma de pensiones que se ha estado esperando desde 2019 es una en la que se incrementen las pensiones que pagan las AFP pero que esto sea sostenible en el tiempo con los recursos que cada persona ahorre a través de su vida laboral. El gobierno ha mencionado que la reforma buscará elevar las ”pensiones de hambre” que se pagan hoy en día. No cabe duda de que el objetivo de elevar las pensiones es de la máxima prioridad nacional y esto se debe hacer con el sistema de ahorro de pensiones bajo el que contamos hasta el día de hoy.
El mayor peligro que se visualiza con la reforma de pensiones que presente la administración del presidente Bukele en los próximos días a la Asamblea Legislativa es que se quiera nacionalizar los fondos de pensiones con la promesa de elevar las pensiones de manera significativa. La nacionalización sería “comida para hoy y hambre para mañana”. Es decir que el gobierno confiscaría los ahorros de los cotizantes del sistema de ahorro de pensiones, elevaría las pensiones de las personas que ya están retiradas, pero el problema sería que los que se retiren en las próximas décadas recibirían “pensiones de hambre” porque no habría suficientes recursos para financiarlas.
Si el gobierno nacionaliza los ahorros de pensiones, elimina todo lo que debe a los cotizantes a través de todos los títulos de gobierno que se han comprado a través de los años en eurobonos, LETES, CETES, Certificados de Inversión de Pensiones (CIP) porque el gobierno no se puede deber a sí mismo. Solo en CIP el gobierno le debe a los ahorrantes $5,734 millones al 31 de julio de 2021. Alrededor del 80 % de todos los recursos que administran las AFP se encuentra invertido en títulos del gobierno porque la ley así lo determina y porque la ley no permite invertir en otro tipo de títulos por los límites que establece.
La nacionalización del sistema de pensiones no le proveerá de muchos recursos líquidos al gobierno en el corto plazo, ni en el largo plazo, pero sí lo llevará a adquirir fuertes obligaciones con los futuros pensionados, las cuales no podrán ser cubiertas sin un incremento muy fuerte en impuestos, ya que la pirámide poblacional de El Salvador hará insostenible a partir de la década de los 2030 un sistema de reparto como los que ya quebraron en el país en el pasado no muy lejano (ISSS; INPEP e IPSFA) y que el gobierno pretendería reintroducir. Aunque lo traten de disfrazar de un sistema mixto, al final le cuentas sería volver a un sistema de reparto.
En síntesis, lo que muy probablemente está moviendo al gobierno para hacer una reforma de pensiones es su interés de apropiarse de los recursos de los ahorrantes del sistema privado de pensiones, para poder buscar una fuente de financiamiento de corto plazo, que no les alcanzará ni para cerrar 2021, pero al mismo tiempo estarían metiendo en serios problemas financieros a los gobiernos que vengan después de que Bukele haya dejado la presidencia. Estas medidas obligarían a los futuros gobiernos a incrementar los impuestos para poder cumplir esos compromisos o a incumplir las promesas que haga este gobierno a los futuros pensionados.
Los salvadoreños deberían tomar muy en serio esta nueva amenaza de parte del gobierno de Bukele a los ahorros de millones de salvadoreños que en algún momento han cotizado en las AFP. Los ahorros de pensiones están en cuentas individuales, son propiedad de cada persona que los ha aportado, y por lo tanto hay que estar listos a defenderlos, antes que la Asamblea Legislativa los expropie en un madrugón de un día de octubre.