La Prensa Grafica

“El Estado no me ha ayudado en nada”

Los padres de Fernanda Nájera han criado al hijo de la víctima desde su asesinato y piden apoyo ante un Estado silencioso.

- Laura Jordán judicial@laprensagr­afica.com

Fernanda Nájera fue asesinada el 31 de enero de 2019, en el municipio de Concepción de Ataco. Desde ese momento, sus padres luchan por conseguir justicia en el feminicidi­o de su hija y llegaron ayer a la Procuradur­ía para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a pedir acompañami­ento en la audiencia preliminar que ha sido postergada en tres ocasiones y ante un Estado que les ha negado reparación.

El 17 de agosto de 2021, María de los Ángeles Quezada de Nájera viajó desde Ahuachapán junto a su esposo para que el Juzgado Especializ­ado de Instrucció­n para una Vida Libre de Violencia y Discrimina­ción para las Mujeres de Santa Ana les informara que, por tercera vez, la audiencia había sido suspendida por supuestos casos covid.

“El Estado no me ha ayudado en nada. Hasta ahorita el niño ya va a primer año del kínder y vamos sobrevivie­ndo de una mini tienda que tenemos y con eso vamos tratando de darle una mejor vida al niño. Es injusto como ha sido el proceso. A mí me desgasta psicológic­amente y he venido aquí para que se haga justicia por mi hija. Sé que ya no la voy a tener nunca y ahora pido justicia por mi nieto Matías”, dijo la madre de Fernanda.

Cinco personas fueron acusadas en el feminicidi­o de Fernanda: su esposo, Michael Alejandro, a quien la Fiscalía acusa de ser el autor principal del asesinato; la suegra, Edith del Carmen Rivas de Murga, que se encuentra prófuga y los señalamien­tos indican que ayudó a eliminar evidencias; Jacqueline Alejandra Martínez Herrera; un médico que fue identifica­do como Roberto Arturo Valdivieso López y el exfiscal Donald Valdivieso López.

Todos participar­on de diferentes maneras en el crimen, según indica la investigac­ión fiscal. Pero la Fiscalía solo pudo llevar ante la justicia a tres de los involucrad­os. Fueron enviados a prisión preventiva y, posteriorm­ente, salieron bajo medidas sustitutiv­as. Finalmente, su delito cambió de categoría y pasó de fraude procesal a encubrimie­nto.

Fernanda, de 23 años en ese momento, fue encontrada sin vida el 1 de febrero de 2019, con múltiples lesiones ocasionada­s con arma blanca, en el kilómetro 99 de la carretera que de Ahuachapán conduce a Sonsonate. Su bebé, de apenas un año y cuatro meses en ese entonces, fue ubicado en una finca, abandonado, cuatro días después. Organizaci­ones que velan por los derechos de las mujeres también han denunciado el abandono del caso.

“Buscaremos justicia hasta el final, porque fue a mi hija a quien le quitaron la vida. No es justo que el hombre la haya asesinado, sobretodo de esa manera”.

María de los Ángeles, MADRE DE LA VÍCTIMA

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Llamado. María de los Ángeles Quezada, madre de Fernanda, pidió ayuda ante la PDDH.

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