JUECES QUE RESULTARON INCÓMODOS
Por criticar la independencia judicial, estos jueces y magistrados fueron trasladados:
bilidad y s e mantienen en sus cargos.
Del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, donde están las Cámaras, hubo cambios completos. En la Cámara de Familia: Francoise Michele Herrera Guirola y Ana Guadalupe Zeledón Villalta; Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena: Maribel Artiga Lemus y Salomón Enrique Landaverde; en la Cámara Primero de lo Penal, Ramón Iván García y Laura Chacón; Cámara Segunda de lo Penal, Aníbal Alfaro Ojeda y Mario Osmín Miramontes; Cámara Tercero de lo Penal, Carlos Iraheta Zelaya y José Manuel Chávez.
Es de recalcar que Iraheta era juez interino del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, quien decretó detención contra exfuncionarios del FMLN.
LPG solicitó al área de comunicaciones del Isidro Menéndez, al Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia y al Centro Integrado de Derecho Privado y Social los nombres y las instancias que se les habían asignados a los jueces y magistrados sustitutos, pero dijeron que aún no tenían los datos y que debían pedirse a la dirección de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se solicitó también ahí y no hubo respuesta.
INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
Todos estos cambios fueron autorizados por la Corte Suprema, a pesar que la Cámara de Familia de San Miguel había emitido medidas cautelares para todos los jueces y magistrados mayores de 60 años o que tuvieran más de 30 años de servicio, se presentaran ayer a trabajar.
Según el monitoreo que realizó LPG, ningún juez que cumplía los anteriores requisitos se presentó a trabajar. El único que llegó pero para terminar unas diligencias fue el juez Roberto Ortuño que llegó a hablar con su sustituta, Iliana Galdámez y a dejar el celular institucional.
Aunque la Cámara decretó medidas, la Corte desobedeció y juramentó a los jueces sustitutos. Dos días antes había apelado dicha resolución ante la Sala de lo Civil. Amparados en dicha resolución, dos jueces que habían criticado las reformas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) que los cesaba de sus cargos tenían esperanza de que se revertiera dichas reformas. Jorge Guzmán, juez del caso El Mozote, y Sidney Blanco, juez de Instrucción de San Miguel, no renunciaron a sus cargos ni se sometieron al régimen de disponibilidad porque esperaban que se cumpliera con la resolución. Ayer ya no se presentaron a sus oficinas porque un día antes ya habían juramentado a sus sustitutos.
En ese mismo acto anunciaron traslados a otros departamentos de jueces que desde que se aprobaron las reformas a la LCJ hicieron críticas y marcharon porque se revertieran. Por estas denuncias, el juez Juan Antonio Durán y los magistrados Martín Rogel, y Samuel Lizama fueron trasladados a otros departamentos del país (ver recuadros).
“Por este medio denuncio mi traslado inconstitucional hacia el Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca”. Juan Durán, JUEZ DE SENTENCIA.
“La Corte Suprema de Justicia no tenía que haber nombrado jueces mientras estas medidas (cautelares) estuvieran vigentes. Es una destitución lo que se ha hecho”.
Jorge Guzmán,
JUEZ DE INSTRUCCIÓN.