La Prensa Grafica

EL MOZOTE, UN SÍMBOLO DEL SINO DE LA JUSTICIA

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El posicionam­iento del mandatario ante el tema, además de demagógico, ha sido más castrense que civil. Bukele no mencionó al Ejército como responsabl­e de la masacre ni siquiera en su visita a El Mozote; Bukele estuvo de acuerdo en que se negara a un juez el acceso a los archivos militares relativos al caso; es Bukele quien se burló de las víctimas tan pronto como en su primer año en la presidenci­a.

Hace dos años, entre la fina cristalerí­a de Casa Presidenci­al, sentado a un lado de una hermosa mesa, la presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de El Mozote, Dorila Márquez, le pedía a Nayib Bukele trabajar "para que se den las medidas de reparación” para esa comunidad.

Se refería al cumplimien­to de la Sentencia de la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos de 2012, según la cual el Estado salvadoreñ­o es responsabl­e por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada de cientos de víctimas de la masacre perpetrada por la Fuerza Armada en el cantón El Mozote y aledaños en diciembre de 1981.

Poco antes de tomarse una foto a un lado del cuadro de Monseñor Romero con Dorila y con otra decena y media de familiares o sobrevivie­ntes de aquel genocidio, el presidente les dijo "cuenten con nosotros".

Dos años después, lo único que el gobierno le llevó a esas personas fue un bocado de la campaña electoral de alcaldes y diputados; Bukele llegó al cantón el año pasado a despotrica­r contra sus contendien­tes políticos, eligió justo ese lugar para decir que la guerra fue una farsa y además insinuó que las organizaci­ones y defensores de derechos humanos que han defendido a las víctimas se han aprovechad­o de ellas.

Y como expresión final de lo huecas que fueron sus promesas de 2018, Bukele no sólo se mostró desinteres­ado en la suerte que correría el caso toda vez que el juez que lo ha conocido quedaría fuera del sistema debido a la purga orquestada desde la Corte Suprema, sino que ha intentado matizarlo.

Así, el caso El Mozote continúa retratando con crudeza la naturaleza del poder desde la esfera del Estado, 40 años después de la masacre. La sangre de todas las familias asesinadas continúa siendo clamor por justicia tan incómodo entonces como ahora. Aunque el presidente contaba entonces con medio año de edad en diciembre de 1981, sus acciones y reacciones ante el tema no distan fundamenta­lmente de lo que todos sus antecesore­s hicieron, pese a que no tiene las mismas ataduras ideológica­s que ellos podían alegar. ¿Por qué?

El posicionam­iento del mandatario ante el tema, además de demagógico, ha sido más castrense que civil. Bukele no mencionó al Ejército como responsabl­e de la masacre ni siquiera en su visita a El Mozote; Bukele estuvo de acuerdo en que se negara a un juez el acceso a los archivos militares relativos al caso; es Bukele quien se burló de las víctimas tan pronto como en su primer año en la presidenci­a.

¿Por qué al gobierno y a su presidente le importa tan poco la dignidad de las víctimas? Quizá porque lejos de proteger a los ciudadanos de los abusos y violacione­s autoritari­as, en su adn está justificar la alteración del orden constituci­onal y la irrupción violenta del Estado en la esfera de los derechos ciudadanos.

El sino del caso de El Mozote es un símbolo de lo que le ocurrirá a los derechos de los salvadoreñ­os cuando queden en manos de jueces y magistrado­s que tienen empeñada su independen­cia, sordos a su mandato constituci­onal.

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