SECRETISMO MARCA COMPRA DE VACUNAS CONTRA COVID-19 EN AMÉRICA LATINA
Compras realizadas por el Estado, cláusulas de confidencialidad, secretismo y ensayos clínicos previos en la población son los denominadores comunes en la región
Las campañas de vacunación contra el Covid-19 en los países de América latina encuentran muchos puntos en común: solo en algunos de ellos fue necesaria una ley o un decreto para la adquisición de las vacunas, en casi todos se aceptaron las cláusulas de confidencialidad en los contratos con los laboratorios, la compra se hizo a través del Estado –con ligeras variantes, como en el caso de Brasil y Perú- sin dar intervención directa a los privados, y en la mayoría de los países las compañías farmacéuticas realizaron en 2020 ensayos clínicos en miles de voluntarios, lo que abrió el camino para la entrega de las dosis cuando se ingresara ya en fase de producción.
Así se desprende de un informe realizado en once países de la región por el Grupo de Diarios América (GDA), que expone pasos en falso, demoras y una gran dosis de secretismo (por el escaso acceso a la información) como rasgos característicos de la forma en que buena parte de los países de América Latina han hecho frente al mayor desafío a la salud pública mundial en la historia reciente.
En líneas generales, en la región la negociación de los contratos con los laboratorios proveedores comenzó a mediados de 2020, y se prolongó hasta fines de ese año. En la Argentina arrancó en el invierno, con una oferta de Pfizer de una asignación anticipada de 13 millones de vacunas, que el gobierno no aceptó. En noviembre se cerró una compra de 22 millones de dosis de Astrazeneca, a las que se sumaron 9 millones del mecanismo Covax y el primero de una serie de viajes a Rusia para traer miles de dosis de Sputnik V. La vacunación comenzó el 29 de diciembre de 2020, pero en su transcurso ha tenido pausas importantes mientras se esperaba la llegada de nuevas dosis. Ya en 2021 se concretaron acuerdos por vacunas de
Moderna, Cansino y Pfizer.
En el caso de Brasil, la primera fase de las negociaciones no se llevó a cabo para la compra del producto final, sino para el desarrollo y transferencia de tecnologías. Si bien desde agosto de 2020 Pfizer y Janssen intentaron negociar con Brasil la compra de vacunas, por la falta de respuestas del gobierno de Bolsonaro los acuerdos llegaron más de 200 días después.
Pero el proceso en Brasil no estuvo exento de polémicas. Anvisa, creado en 1999, es el organismo encargado de la protección de la salud de la población. Sus decisiones, por ley, no dependen del Ministerio de Salud. Paulo Almeida, abogado del Instituto Questão de Ciência, es enfático: “una decisión de Anvisa es (o debería ser) completamente independiente y autónoma”. Sin embargo, una comisión de investigación parlamentaria reveló que la agencia sufrió intentos de interferencia política. El director-presidente de la agencia, Antonio Barra Torres, confirmó que asistió a una reunión en el Palacio do Planalto, el año pasado, en la que se planteó la posibilidad de cambiar el prospecto por cloroquina para que el fármaco estuviera indicado en el tratamiento del Covid. También se advirtió injerencia política con el nombramiento de directores ali
neados con el gobierno, incluidos militares. La política anti-vacunación del presidente influyó en el mayor retraso de Anvisa en el análisis de los registros de vacunas, señaló el profesor de Salud Pública de la USP Fernando Aith.
Si bien en Brasil la compra de vacunas ha sido facultad del gobierno federal, en marzo de 2021 se aprobó una ley que permite a estados y municipios adquirir vacunas que cuenten con aprobación de emergencia. La campaña de vacunación se inició el 17 de enero.
En Colombia, las negociaciones comenzaron a fines del primer semestre de 2020. A principios de diciembre se expidió la ley 2064, que declaró la inmunización como un tema de interés general, y se consolidaron los primeros acuerdos bilaterales con las farmacéuticas, comenzando la vacunación el 17 de febrero de 2021. La inversión por las vacunas sería del 1,11% del presupuesto nacional de 2021.
Costa Rica, uno de los tres primeros países en América Latina en proteger a su población –junto con México y Chile- inició las negociaciones en la segunda mitad del 2020. A partir de 2021 ya tenían activa una campaña de vacunación, privilegio solo compartido por 50 naciones.
Chile constituyó en julio de 2020 un comité interministerial para explorar las vacunas candidatas y negociar su compra. Las gestiones comenzaron en agosto. Con la llegada del primer envío de Pfizer el 24 de diciembre comenzó el proceso de inoculación. El fondo contingente para las vacunas representa en 2021 $200 millones.
Un caso particular es el de El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele declaró reservada toda información pública relacionada con la pandemia. Al estar por cinco años bajo esa premisa los procesos de adquisición de las vacunas, se desconoce cuándo comenzaron las negociaciones con las farmacéuticas. La vacunación comenzó el 17 de febrero de 2021.
El 13 de octubre de 2020, México firmó los primeros contratos. A fines de junio de 2021 se informó de contratos para adquirir 242 millones de dosis con Astrazeneca, Pfizer, Cansino Biologics, Sinovac, Sputnik V y Johnson y Johnson. Además, ya realiza el envasado en el país de vacunas de Astrazeneca y Cansino y se preveía este año el envasado masivo de Sputnik V. En diciembre de 2020, la subsecretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, explicó a El Universal que para conseguir las vacunas México utilizó su “fuerza diplomática”. Desde mayo, México entró como un miembro de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), único integrante de América Latina. El presidente Manuel López Obrador indicó que la compra de vacunas representaría un desembolso de 1660 millones de dólares. El gobierno aclaró que los recursos utilizados correspondían a ahorros, por contar el país con finanzas sanas.
En Perú, el 20 de agosto de 2020, durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra, se anunció que su gobierno coordinaba con los laboratorios Sinovac-instituto Butantan, Astrazeneca, Sinopharm y Pfizer la adquisición de vacunas. Sin embargo, en noviembre pasado, durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, se informó que para entonces no había ningún contrato firmado con los laboratorios anunciados. La vacunación empezó el 9 de febrero, con 300 mil dosis de Sinopharm destinadas al personal de salud de primera línea. La Ley 31091, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, no impide a los privados registrar e importar vacu
Los contratos para la compra de vacunas contra el covid-19 en América latina contemplaron en la mayoría de los casos cláusulas de confidencialidad o de reserva, en algunos de ellos de manera temporal. De los once países relevados, ocho acordaron esas cláusulas, en uno no (Venezuela) y en los restantes (Perú y Puerto Rico) no hay información al respecto.
En cuatro países (Argentina, Brasil, Colombia y Perú) fue necesario apelar a leyes o decretos específicos para abrir el camino a la compra de vacunas. Y no son pocos los casos en los que la información sensible (por ejemplo, el precio pagado por las vacunas) no es de acceso público.
En la Argentina las autoridades no pudieron explicar por qué todas las cláusulas de esos contratos se consideran como “secreto de Estado” cuando se trata de una compra de insumos con dineros públicos. Las cláusulas de los contratos incluyeron los principios de indemnidad y negligencia de manera excepcional por acuerdo de partes, además de establecer tribunales extranjeros para la resolución de litigios o la aceptación de potenciales incumplimientos de parte de los proveedores debido a problemas de producción, algo que los contratos de compra de insumos en salud pública suelen sancionar. Para las compras de vacunas se dictó una ley que habilita al Ministerio de Salud a tal efecto, promulgada el 6 de noviembre de 2020.
En Brasil las cláusulas de confidencialidad van más allá de los aspectos técnicos y científicos, extendiéndose a aspectos comerciales, como precios y fechas de entrega. La cláusula de responsabilidad por posibles efectos secundarios de la vacuna fue un obstáculo para el acuerdo entre el gobierno federal y Pfizer y sirvió como justificación del retraso en la compra. Sin embargo, una condición similar no impidió la firma del contrato entre la Fiocruz y el laboratorio Astrazeneca, oficializado en septiembre.
En México, la información sobre los contratos tiene una reserva de 5 años.