Centros Penales sin obedecer resoluciones judiciales
Los casos mediáticos donde Centros Penales ha desobedecido la orden judicial han sido catalogados como persecuciones políticas y detenciones arbitrarias, tanto en el país como fuera de él.
La desobediencia judicial parece ser una constante para las autoridades de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), eso debido a que en los últimos meses han rechazado resoluciones de diferentes juzgados y cámaras de San Salvador.
Solamente en septiembre desobedeció al menos tres resoluciones relacionadas con visitas familiares en Centros Penales o con arresto domiciliar. El pasado 13 de septiembre el Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena ordenó a Centros Penales que permitiera la visita familiar para la exministra de Salud, Violeta Menjívar.
La segunda orden desobedecida, una semana después, fue a favor de la exviceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal. A la exfuncionaria también le aprobaron que pudiera ser visitada por su familia y por sus abogados. Hasta la fecha, el director del Centro Penitenciario para Mujeres, ubicado en Ilopango, no ha permitido el ingreso.
Y la tercera orden que la DGCP no obedeció, desde el pasado 19 de julio, es el arresto domiciliario que la Cámara Tercera de lo Penal ordenó a favor del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt,y del extesorero de la comuna capitalina, Fernando Heriberto Portillo Linares. Ayer se supo que la Cámara decidió revocar esa medida, después de que hubo cambio de magistrados.
Centros Penales ha justificado que no ha cumplido esas órdenes debido a “protocolos que se siguen”. Con respecto a las visitas familiares, ellos han asegurado que son procesos largos que los familiares deben seguir para que les aprueben una visita en los centros penitenciarios.
“El juez de vigilancia penitenciaria nos autorizó el ingreso, a nosotros y a la familia. De hecho, la siguiente semana también autorizó lo mismo para la familia y defensores de Erlinda Hándal, pero Centros Penales increíblemente recurrió la resolución”, dijo Oswaldo Feusier, defensor de Violeta Menjívar.
Centros Penales apeló la decisión ante la Cámara Mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador. Sin embargo, el vier
“Nos parece una actitud inhumana del actual gobierno. La Ley Penitenciaria plantea el derecho de los privados de libertad a mantener en comunicación con familiares y abogados”.
Familiar de Violeta Menjívar,
SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EXFUNCIONARIA “La resolución de Cámara solo tiene sentido si el juez Quinto de Vigilancia desea hacerla valer. Y mire que lo mandaron a San Vicente, quizás por su resolución valiente en esta causa”.
Oswaldo Feusier,
DEFENSOR DE VIOLETA MENJÍVAR
nes 1 de Octubre esa sede judicial declaró inadmisible el recurso planteado.
Con esa resolución, la DCGP debería permitir el ingreso de familiares de Menjívar y Hándal, o gestionar un mecanismo para que tengan comunicación de forma virtual con las detenidas.
Lo decretado por la Cámara solamente tendrá validez si la nueva jueza del Quinto de Vigilancia la hace efectiva. “La resolución de Cámara solo tiene sentido si el juez Quinto de Vigilancia desea hacerla valer. Y mire que lo mandaron a San Vicente, quizás por su resolución valiente en esta causa”, dijo Feusier.
Lo anterior es en relación a que el juez que autorizó el ingreso de familiares de las exfuncionarias fue trasladado el domingo 26 de septiembre hacia el Juzgado de Vigilancia de San Vicente, con los nombramientos y traslados realizados por la
Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“El juez había autorizado que el 20 de septiembre pudiéramos verla, pero el 17 de septiembre apelaron, lo cual nos parece una actitud inhumana del actual gobierno, porque hasta la ley penitenciaria plantea el derecho de los privados de libertad a mantener comunicación con familiares y abogados. A 70 días de su arbitraria captura seguimos sin verla”, denunció una pariente de Menjívar.
UNA LARGA ESPERA
El caso del exalcalde de San Salvador, es uno de los casos donde se ha observado cómo la Dirección de Centros Penales se ha negado en reiteradas ocasiones a permitirle el arresto domiciliar, a pesar que diferentes sedes judiciales lo han decretado.
El exfuncionario tiene tres procesos judiciales abiertos, todos en fase de investigación.
El Juzgado Segundo de Instrucción decretó el arresto domiciliario contra Muyshondt el 4 de junio de 2021, en el proceso que es señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, diez días después el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decretó la detención provisional contra el exalcalde luego de ser acusado por el delito de retenciones ilegales de cuotas laborales en perjuicio de empleados de la alcaldía de San Salvador.
La Cámara Tercera de lo Penal, el 19 de julio y luego de una apelación presentada por la defensa de Muyshondt, ordenó que fuera enviado a su casa. Hasta el viernes pasado uno de los juzgados en los que el exalcalde tiene un proceso abierto informaron que no habían recibido notificación sobre el traslado del exedil. Ayer se supo que la Cámara revocó esa medida.