Red de pornografía infantil enfrenta hasta 12 años de prisión
La FGR solicitó imposición de medidas cautelares contra 34 acusados de adquisión y posesión de pornografía infantil y de agrupaciones ilícitas.
Cerca del mediodía de ayer, 30 imputados fueron llevados al Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador donde la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado Especializado de Instrucción C la imposición de medidas por los delitos de utilización de niñas y niños y adolescentes en pornografía a través de las tecnologías de información y comunicación, y del delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños y adolescentes a través de dichas tecnologías.
Estos delitos son previstos y sancionados en los artículos 29 y 30 de la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, pero además enfrentan también el cargo de agrupaciones ilícitas, previsto y sancionado en el artículo 345 del Código Penal.
En total, son 34 imputados, que enfrentan penas de entre 8 y 12 años de prisión, dos de ellos se hallan fuera del país y dos más serán citados, explicó una de las fiscales del caso.
Los imputados fueron arrestados el viernes pasado como parte del operativo Ángel Guardián, que desde 2018 inició una investigación en 11 departamentos del país .
Después de una investigación “compleja y minuciosa, sustentada en pruebas científicas”, explicó la fiscal del caso, “se ha logrado establecer la participación de cada uno de los procesados, ya que forman parte de una organización transnacional que se dedica a la producción, difusión, adquisición y reproducción de material de explotación sexual infantil”.
Explicó que la red de pornografia infantil posee nexos con países como Guatemala, Ecuador, México, Indonesia, Pakistán y Vietnam.
La fiscal explicó que el material difundido consiste en “archivos digitales en los que se muestran niños, niñas y adolescentes siendo obligados a realizar actividades de índole sexual con otros niños, adolescentes y adultos vulnerando derechos fundamentales como son su indemnidad sexual, propia imagen, intimidad y honor”.
Ante las pruebas obtenidas, la Fiscalía solicitó que todos los acusados enfrenten el proceso en prisión, “ya que se cuenta con el material suficiente para seguir con esta investigación”.
La fiscal explicó que se ha logrado la plena identificación de los procesados y que en 2018 ya habían identificado a una persona que “consumía y difundía” el material a través de una plataforma de redes sociales (Whatsapp). “Entre los procesados hay una persona que ha creado grupos específicos para la difusión de este materia”.
Se han identificado como cabecillas de la organización a Javier Alfredo Iraheta López, creador y administrador de la red; y a Miguel Antonio Bernal Pérez.