Con Leonor Selva,
cuatro meses del golpe a la Sala de lo Constitucional, la destitución del fiscal general y de una reforma que aparta del camino a centenares de jueces, el sector privado sienta postura sobre la situación política que atraviesa el país. En esta entrevista debate, entre otros temas, la posibilidad o negativa de un paro nacional convocado por las gremiales empresariales.
Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), llegó al cargo en abril, mientras el país se preparaba para la transición hacia una nueva Asamblea. La ANEP, sin embargo, pese a las decisiones de la nueva legislatura, que la comunidad internacional ha calificado de “graves atentados contra la democracia” ha sostenido un rol más silencioso que el que tuvo durante los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuando se le acusó de ser oposición, junto a ARENA. Selva explica que el sector empresarial teme por el uso del Estado, a través
Adel Ministerio de Hacienda y otros entes reguladores, contra empresarios opositores.
¿Qué lectura hace la ANEP de la situación política que vive el país?
Aunque la democracia en el país no era perfecta, y desde los acuerdos de paz se empezó a construir un andamiaje institucional, sí habíamos hecho grandes pasos. Habían temas que se habían fortalecido como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía General de la República. Definitivamente, ese ha sido el mayor retroceso en los últimos dos años de este Gobierno. Hemos visto la centralización del poder.
“Si a la población le preocupa que ANEP no va a tomar el rol histórico que le corresponde, eso no debería ser una preocupación. Sí lo vamos a hacer”.
¿Qué opina la ANEP sobre la Corte Suprema? ¿Hay magistrados impuestos? Sí. Desde el 1 de mayo nos hemos pronunciado sobre la usurpación de magistraturas por parte de abogados que fueron electos el 1 de mayo. Los magistrados fueron removidos ilegalmente y, por ende, los que fueron impuestos, son ilegales en su nombramiento. Y, desde entonces, lo que hemos visto es que se han dado retrocesos en el acceso a la información pública, en la probidad, que es la investigación de casos de corrupción desde la Corte Suprema de Justicia y, sobre todo, en la independencia judicial.
¿Todas las empresas agremiadas en la
ANEP coinciden en que hay un grave retroceso democrático, o hay una división en este punto?
Hay que distinguir entre el discurso político desde CAPRES, cómo vende un evento, una reunión y cuál es la realidad detrás de esas reuniones. El sector privado siempre ha tenido la postura de que cuando haya un llamado del Gobierno, nuestro acuerdo es buscar el diálogo y colaborar con el Gobierno. Otra cosa es que el Gobierno esté tratando de mostrar una imagen de un sector privado dividido, haciendo convocatorias individuales, desmeritando la organización gremial.
El sector privado nacional e internacional está viendo señales alarmantes de inseguridad jurídica. De pérdida de garantías democráticas. Y, ciertamente, se está viendo un país donde no se prevé la capacidad de invertir.
Menciona que el Gobierno es el que busca mostrar que el sector privado está dividido. ¿No lo está?
No lo está. Yo creo que las acciones que van en detrimento de la democracia son