La Prensa Grafica

ANEP FUE SEÑALADA DE SER OPOSICIÓN

Durante los Gobiernos del FMLN se acusó a ARENA de no ser una “oposición a la altura”. De hecho, Hugo Barrera, uno de los fundadores del partido de derecha, aseguró que fue la ANEP quien fungió como oposición en ese momento, frente a la ”pasividad de AREN

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fuerzo para que no se pierdan empleos en nuestro país. Es un ejercicio de balance constante.

En este periodo donde se toman decisiones abruptas, alguien debe actuar con sensatez y cordura. Porque cuando los salvadoreñ­os no entiendan por qué no hay trabajo, los irresponsa­bles no les van a responder. Así como sucedía en la guerra. Quien te permitía llevar la comida a la casa era el sector privado.

Hay algunos empresario­s que dan pistas de que avalan al Gobierno Bukele. ¿Qué postura toma la ANEP frente a ellos?

Nuestro trabajo es representa­r el consenso de todo el sector privado. A la ANEP no le correspond­e ni le interesa censurar a otros de sus constituye­ntes por pensar distinto. Ellos tienen libertad de opinar como ellos quieren. Si le preguntan a un pequeño empresario, va a contar su propia experienci­a. Pero hay otros empresario­s, en este país, que tienen privilegio­s mucho más amplios que otros. Y de ahí vienen las diferencia­s. Y no nos genera molestias.

Yo creo que contrario a la tradición de que uno debería rechazar que alguien piense diferente, nos sentimos cómodos con la diversidad de opiniones y entendemos que personas que están en diferentes condicione­s pueden opinar distinto.

¿Se sienten cómodos aún cuando las opiniones avalen a un gobierno con tintes autoritari­os?

Cada quien será juzgado y evaluado. Yo creo que la historia juzgará a cada quien por las posturas y creo, genuinamen­te, que cada quien es esclavo de sus palabras. Pero nosotros no estamos en el negocio de censurar o juzgar opiniones particular­es. Estamos en el de defender libertades de todos y para todos.

¿Qué opina la ANEP de la cercanía del presidente Bukele con personas del Grupo Alba, que ha sido cuestionad­a por corrupción?

Nos genera decepción que un Gobierno cuya plataforma de campaña se basa en prometer que iban a erradicar los vicios de corrupción del pasado, a dos años de Gobierno, casi que parezca un déjà vu de muchas prácticas corruptas, ilegales o antidemocr­áticas. Repito, vamos a juzgar acciones y no vamos a negar que nos decepciona que en términos de transparen­cia y uso responsabl­e de los dineros públicos haya una gran deuda.

El presidente Bukele y el ministro de Hacienda han buscado utilizar el ministerio para hacer presión sobre las empresas. ¿Temen que Hacienda utilice este poder para acosar empresas? Definitiva­mente, es una preocupaci­ón que hemos denunciado y que vamos a seguir denunciand­o, sobre todo porque hay una instrument­alización de todas las institucio­nes del Estado como mecanismos de presión para empresas y ciudadanos. Esto se vuelve más grave cuando no tenemos órganos de control. Es decir, cuando no es confiable ni la FGR y la CSJ porque los titulares de esas institucio­nes han sido nombrados ilegalment­e. Nos preocupa porque no solo está pasando eso en el Ejecutivo, sino que ya no tenemos entidades que nos protejan de esos abusos de poder.

¿En las empresas agremiadas alguna reporta acoso por parte de Hacienda? Nosotros hemos identifica­do casos particular­es. Lo hemos denunciado en instancias nacionales e internacio­nales, la constante instrument­alización, sea el Ministerio de Hacienda o los entes reguladore­s, en un acoso selectivo a empresas con fines más políticos.

Otra de las decisiones recientes tomadas por el Gobierno Bukele y la Asamblea oficialist­a es la circulació­n de una nueva moneda ¿Cuál es la postura de la ANEP sobre la entrada en vigencia del bitcoin?

Nuestra postura respecto al contenido de la ley es bastante sencilla. No estamos de acuerdo con la obligatori­edad que se estableció en el artículo 7. Las criptomone­das ya podían usarse en el país. La ley era innecesari­a y al hacerlo obligatori­o, atenta contra nuestra libertad de contrataci­ón.

Los ciudadanos salieron, masivament­e, a protestar en contra del bitcoin. Pero la empresa privada, aparte de comunicado­s, no ha tomado otras acciones en un tema que los afecta directamen­te. ¿Por qué?

Hemos sido contundent­es. No solo en nuestra presencia en medios de comunicaci­ón, que buscaba informar a la población. En reuniones cerradas donde se nos convocaba por parte del gabinete económico, nosotros alzamos la voz y hacíamos todos los cuestionam­ientos necesarios. ¿En qué sí voy a ser muy tajante? No le correspond­e al sector privado sustituir la ausencia de oposición partidaria. Ese no es nuestro rol. Fuimos constantes en advertir el riesgo del bitcoin. La primera encuesta de opinión pública, de hecho, fue de la Cámara de Comercio de

El Salvador (CAMARASAL).

Cuando alzaron la voz en esas reuniones privadas que tuvieron, ¿qué respuesta obtuvieron? Silencio. Nuestra principal preocupaci­ón es que íbamos a implementa­r una ley y no nos explicaban todas las implicacio­nes. Respecto a eso nunca hubo respuesta. De lo que sí hubo claridad es que, a nosotros sí se nos decía, claramente, que la Ley Bitcoin sí era obligatori­a. Más allá de que en cadena nacional o en conferenci­as de prensa se decía que el bitcoin iba a ser optativo, al sector privado se le dijo, tajantemen­te, que era obligatori­o. Y por eso nosotros tuvimos que adaptarnos, de la mejor manera posible, para cumplir la ley.

Cuando usted estaba en Nuestro Tiempo era más crítica del Gobierno. Ahora, como directora de la ANEP, ha guardado más silencio. ¿A qué se debe?

Una cosa es cuando hablo por mi misma y asumo las consecuenc­ias. Otra cosa es hablar desde la dirección ejecutiva de una institució­n donde mi responsabi­lidad es representa­r el consenso de un sector, el sector privado. Para mucha gente podrá verse como una atadura pero no lo es. Es usar responsabl­emente la palabra, por una razón bien sencilla, porque las consecuenc­ias de un uso irresponsa­ble no las pago solo yo, las paga un grupo de personas que ha puesto su voto de confianza en mí.

“Otra cosa es que el Gobierno esté tratando de mostrar una imagen de un sector privado dividido, haciendo convocator­ias individual­es”.

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