“PUESTA NUESTRA FE EN DIOS”
«De ser necesario, tendré que morir por lo que creo» fueron las palabras que pronunció Muhammed Ali, un musulmán pacifista, campeón mundial de boxeo que, de conformidad con su fe y más profundas convicciones, rehusó a entrar al ejército norteamericano para pelear la guerra de Vietnam. Por esa convicción, el mejor boxeador de todos los tiempos perdió sus títulos mundiales, pero dicha decisión fue revertida en 1971 por la (independiente) Corte Suprema de EUA.
Ese caso pone en evidencia un aspecto sagrado e íntimo de cada persona, que viene ligado con la identidad y que el Estado no tiene permiso de entrar, pues en una democracia, nuestras más personales e íntimas, reales convicciones son sagradas e impenetrables, como explicó Vargas Llosa en 1997 en su clásica “Piedra de Toque” que gracias a Dios sigue publicando en El País: “el Estado debe respetar las creencias particulares, por disparatadas que parezcan, sin identificarse con ninguna Iglesia, pues si lo hace inevitablemente terminará por atropellar las creencias (o la falta de) de un gran número de ciudadanos”.
¿Pero qué hay de los funcionarios? En El Salvador estamos viendo casos donde las personas funden su identidad personal con su trabajo, fusionando ambos personajes, aun así preservan el derecho a creer y practicar la religión que quieran, pero no pueden imponerla por medio de políticas públicas. ¿Se imaginan un ministro de Salud testigo de Jehová que prohíba las transfusiones sanguíneas? ¿Un ministro de Agricultura judío que prohíba el consumo de cerdo? Tienen derecho a sus convicciones, pero no a extrapolarlas a la población. No podemos olvidar que con la religión se han logrado cosas maravillosas, pero también grandes injusticias que van desde matanzas hasta fundamento para discriminar a alguien por su color de piel, creencias y orientación sexual.
Por lo que se debe tomar con pinzas es la nueva inscripción de “Puesta Nuestra Fe en Dios” en la Asamblea Legislativa: ¿La democracia mutó a una teocracia? ¿Seremos juzgados con base en los libros religiosos? ¿Por la Biblia? ¿Cuál versión? ¿Cuál edición? ¿O será por medio de otro libro sagrado? ¿El Corán? ¿La Torá? ¿El libro Mormón? ¿O seguirá en vigor la legislación? ¿Qué será de los ateos o quienes no creen en Dios? ¿Serán expatriados? ¿Serán procesados?
¿Se dan cuenta del nivel de inseguridad jurídica que produce la transición de una democracia a una teocracia?
Que alguien tenga creencias religiosas no significa que sea moralista, ético e infalible; ni viceversa. Buenas personas las hay entre creyentes, como en los que no. Pero lo que acá nos debe interesar es que los y las diputados que son los encargados de legislar, de establecer normas jurídicas vinculantes a nivel nacional, tomen decisiones “no con su fe puesta en Dios”, sino con “sus convicciones puestas en la ciencia”, haciendo una debida diligencia antes de votar, incorporando estudios técnicos, cualitativos, cuantitativos, que se apoyen con opiniones de expertos, que se discuta con las partes interesadas, que se abran a diálogo, que cuente con un análisis económico del derecho (AED) que dimensione las consecuencias esperadas, los efectos directos e indirectos de la nueva norma y su congruencia con el resto del ordenamiento jurídico.
La nueva frase que decora la Asamblea puede ser utilizada como excusa para saltarse todo el proceso que razonablemente se espera que un diputado lleve a cabo antes de votar, es casi un salto al vacío, es cerrar los ojos y tirarse de espalda, es justificar decidir sin un respaldo técnico. Esto lo vemos en dos muestras de decisiones exprés: la ley bitcóin y la ley para jubilar jueces arriba de 60 años... ¿Cuáles estudios técnicos las respaldan?
Diputados y diputadas: se debe legislar con ciencia, no con religión.
Diputados y diputadas: se debe legislar con ciencia, no con religión.