JUSTICIA A LA CARTA NO ES NI SERÁ JUSTICIA NUNCA
Mientras los corifeos de Bukele consideran que cualquier comentario a favor de Muyshondt es signo de debilidad, recordando que se siguen varios procesos en su contra y que el caso de las retenciones afectó a más de 40 empleados municipales, se soslaya lo más importante: es precisamente la notoriedad de la persona la que hace más visible la indefensión en la que está toda la ciudadanía. Inocente o culpable, la destrucción de las garantías procesales que ha sufrido deben ser objeto de denuncia y reflexión. Justicia a la carta, con dedicatoria y saña, no es justicia.
Justicia a la carta a favor de los amigos y en contra de los enemigos. Ese es el efecto de los cambios ilegales que el oficialismo ha emprendido en el órgano judicial a partir de la destitución del fiscal general de la República y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional hace cinco meses.
Uno de los ejemplos de cómo la justicia puede funcionar a favor de aquellos intereses con los que el gobierno decida alinearse o bien que acepte promover desde su propia cúpula es con el caso de una residencial construida en el sitio arqueológico de Tacuscalco. Pese al indiscutible perjuicio al patrimonio histórico de la nación, daños valuados en varios millones de dólares por arqueólogos salvadoreños, el juicio contra la constructora que ignoró la declaratoria de bien cultural, el paro de la obra ordenado por el Ministerio de Cultura y la suspensión de obra girada por una jueza ambiental, continúa a un ritmo cuando menos curioso.
Es peculiar que en una nueva instancia de ese juicio, los acusados por desobediencia de particulares, construcciones no autorizadas, infracción a las medidas de registro, control, circulación y protección de bienes culturales y de daños agravados hayan alegado que la misma Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural les dio permiso de continuar explotando urbanísticamente el sitio arqueológico. No sólo lo alegaron sino que lo demostraron.
Aunque la decisión de los jueces que conforman el tribunal de sentencia que conoce el caso es teóricamente independiente, el desinterés gubernamental en defender el patrimonio, también patente en el proyecto de destruir infraestructura histórica en el centro de San Salvador, ilustra una agenda y conforma una inercia indiscutida. Ante líneas de acción tan evidentes, sin importar el perjuicio del interés nacional y del bien común, los jueces que sobrevivieron a la purga ordenada por Bukele y sus amanuenses en la Corte Suprema de Justicia tienen sólo dos opciones. Sólo una de ellas es legal, ética y decente.
En este caso, cabe preguntarse si la misma directora de patrimonio no ha fallado a sus deberes al considerar valedera la reanudación de la obra urbanística. Pero sólo los más optimistas creerían posible que haya un profesional de la justicia en El Salvador dispuesto a cuestionar a la cúpula gubernamental o a profundizar en las pesquisas sobre afectaciones de esta índole al patrimonio público.
Lo que puede esperarse en muchos casos es todo lo contrario, como lo ilustró recientemente la revocatoria de la decisión de una cámara de lo penal en perjuicio del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt.
En su momento, luego de que una cámara de lo penal revocó la detención provisional y ordenó que el imputado saliera del penal La Esperanza para ser puesto bajo arresto domiciliar con el uso de brazalete electrónico, el director de Centros Penales adelantó que no cumplirían “por no tener brazaletes disponibles.”
Una vez depuestos los jueces que le dieron ese beneficio a Muyshondt, los nuevos procedieron en la dirección opuesta, una lógica que es fácil de entender desde la consideración del exalcalde como enemigo y antagonista del oficialismo pero ilegal desde cualquier punto de vista.
Para resumirlo, el juzgador retrocede en su decisión sin haber ninguna solicitud de revisión de la misma, pese a que era una resolución en firme, actuando en clave de persecución política.
Mientras los corifeos de Bukele consideran que cualquier comentario a favor de Muyshondt es signo de debilidad, recordando que se siguen varios procesos en su contra y que el caso de las retenciones afectó a más de 40 empleados municipales, se soslaya lo más importante: es precisamente la notoriedad de la persona la que hace más visible la indefensión en la que está toda la ciudadanía.
Inocente o culpable, la destrucción de las garantías procesales que ha sufrido debe ser objeto de denuncia y reflexión. Justicia a la carta, con dedicatoria y saña, no es justicia.