UN ENTE QUE AYUDA A REGULAR
Desde 2003 El Salvador forma parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que es una organización que implementa medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El GAFIC es parte del Grupo de Acción Financiera Internaciona
imcumplían la recomendación 15 de la GAFI (ver destacado).
Julio Osegueda, especialista en derecho económico, tecnológico y administrativo, consideró que los tres elementos que se agregaban en dichas reformas no eran necesarias. “Puntualmente los concepto de criptoactivos, criptoactivos estables y billeteras digitales no existirían legalmente más que en esa propuesta, por lo que podría haber vacíos conceptuales que la harían inaplicable”, aseguró.
Además dijo que los artículos que se proponían reformar estaban redactados de forma que dejaban espacios abiertos para el operador jurídico, para que estas sean aplicables a nuevos escenarios (bitcóin entre ellos), pero también a otros no regulados aún como los “altcoins” y los “stablecoins”.
Enfatizó que dichas reformas no vinculan nada sobre las recomendaciones 6 y 15 de la GAFI, “en tanto no desarrolla ningún mecanismo para la reducción de riesgos asociados a PEP'S o en transacciones internacionales”, aseveró.
Por la misma línea va la opinión de Carlos Morales, experto en prevención de lavado de dinero y delitos financieros. Dijo que incluir en dicha ley los criptoactivos no es la mejor manera de “agotar el tema”. Para el experto, lo ideal sería crear una Ley Fintech. “Como no puede regular a los dueños de las criptomonedas o los que producen o crean las criptomonedas, sí puede regular a los proveedores de servicios de activos virtuales. Aquí se puede hablar de las 'exchange' que son casas de cambio, a esas entidades hay que regularlas a través de una ley que tenga está aplicación de las recomendaciones del GAFI”, enfatizó.
Para Morales, las reformas no eran las adecuadas para cubrir los aspectos que resultan necesarios regular en este tipo de escenarios.
“Yo creo que la ley que tenemos está desfasada, lo que pasa es que la reforma que se presentó estaba muy orientada a cubrir situaciones muy específicas que dentro de un año o dos años ya no van a tener aplicación”, aseguró.
Para el experto, no haber aprobado dichas reformas no nos trae repercusiones con la recomendación 15 del GAFI, ya que dicho punto habla sobre cómo los gobiernos pueden gestionar los riesgos con las nuevas tecnologías en general.
“¿Dígame a quién va demandar? ¿Quien es el representante del bitcóin? Nadie es el dueño, todo el mundo que entre ahí va estar inmiscuido y se acabó”, aseveró.
Julio Osegueda, ESPECIALISTA EN DERECHO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO.