El Salvador retrocede en lucha contra corrupción
En la mayoría de compromisos evaluados el país reprobó con una nota promedio de 0.86. El puntaje más bajo fue en transparencia con 0.37 de tres puntos.
l Salvador mostró retrocesos en la lucha contra la corrupción este año por parte del Órgano Legislativo y Ejecutivo, por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el fiscal general de la República, el control del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y las propuestas de reforma a su normativa, según el informe “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, que presentó ayer el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC).
La finalización el Convenio con la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES) y las reformas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), también están incluidos en el informe, que es parte del Compromiso de Lima suscrito por El Salvador en 2018 en la VIII Cumbre de las Américas y abarcó los últimos dos años de Gobierno, desde junio de 2019 hasta mayo de 2021.
El OCC identificó y analizó los desa
Errollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima del cual forma parte El Salvador junto a otros 18 países. Los temas evaluados fueron transparencia, acceso a la información, prevención de la corrupción en obras públicas, combate al cohecho y crimen organizado.
De 3 puntos posibles en cada área, El Salvador tiene un promedio de 0.86, lo que revela un “escaso avance en la lucha anticorrupción”. En la mayoría de puntos evaluados, el país reprobó la evaluación. El puntaje más bajo fue en políticas de transparencia con 0.37 de evaluación.
Según la información que recolectó el Observatorio es necesario trabajar en la construcción de una agenda anticorrupción que permita cumplir con los diferentes compromisos suscritos a nivel internacional.
El seguimiento en cada país del Compromiso de Lima se basa en la revisión de los desarrollos a nivel normativo como de práctica que los gobiernos han realizado durante los últimos dos años “entorno a los compromisos adquiridos e lucha contra la corrupción”.
El OCC recomendó respetar la separación de poderes y procurar un balance que permita el “fortalecimiento democrático, el respeto de la independencia u autonomía judicial, el fortalecimiento democrático; incluir a los grupos vulnerables en las políticas anticorrupción, entre otros”.