Piden establecer nuevas condiciones en negociación con el FMI
Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al organismo para que, en caso de cerrarse un acuerdo con el país, se reviertan antes las decisiones que han afectado la institucionalidad.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI) que exija a El Salvador el cumplimiento de una serie de condiciones antes de concretar el desembolso de los $1,300 millones que negocia el gobierno salvadoreño con ese organismo.
En marzo de este año, el Ministerio de Hacienda reveló que sostenía reuniones con el FMI en la búsqueda de un Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF por su sigla en inglés). Sellar este acuerdo le permitiría acceder a estos $1,300 millones, en fases, para atender brechas presupuestarias en los próximos años.
“Desde el 1 de mayo el Gobierno de El Salvador ha acelerado el deterioro del orden constitucional, la separación de poderes y el respeto a los principios democráticos y republicanos”, dice un fragmento de la misiva que fue publicada ayer.
Entre estas acciones destacan “la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, la autorización para la reelección presidencial inmediata cuando lo prohíbe expresamente a Constitución, así como la masiva destitución de jueces”.
La carta ha sido enviada al director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Ilan Goldfajn, quien fue nombrado en el cargo el mes pasado. El documento ha sido rubricado por Acción Ciudadana, DTJ, la UCA, FUDECSO, Viva El Salvador, IIDC, CEJ, Cristosal, ANEP, FUNDE y FESPAD.
Entre las condiciones que el FMI debería de imponer al país, previo al desembolso de los fondos, según las organizaciones, están: el que se “reconozca la resolución de la Sala de lo Constitucional 1-2021 que declaró inconstitucional la destitución de los magistrados, y estos sean reinstalados en sus puestos; que se deroguen los decretos mediantes los cuales se nombró a los nuevos magistrados y al fiscal general, y que se deroguen las reformas a la a Ley de la Carrera Judicial que provocaron la destitución masiva de jueces”.
Para las organizaciones los jueces que fueron removidos, traslados o que presentaron su renuncia tras estas enmiendas deben de ser reinstalados; asimismo, piden que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “declare expresamente que la reeelección presidencial inmediata está prohibida en El Salvador”.
“Se ha solicitado que tales condiciones sean ex ante; es decir que deben ser cumplidas previo a cualquier desembolso al Gobierno de El Salvador", señalan las organizaciones.
" Pedimos a los Estados Unidos de América y a los demás Estados con representantes en el Directorio Ejecutivo del FMI que comparten valores democráticos, que en el ejercicio de sus mandatos en el FMI consideren la defensa de la democracia en El Salvador", concluyen en su comunicado.
CONVERSACIONES
Esta semana, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, escribió en su cuenta de Twitter que sostuvo una reunión con el equipo del FMI. “El Salvador sigue avanzando en la ruta el crecimiento económico y el fortalecimiento de sus finanzas públicas”, tuiteó el funcionario.
El FMI, por su parte, en su última referencia a la negociación con El Salvador, reveló que procedería a ejecutar la revisión anual del artículo IV, un proceso que demoraría varios meses. La aprobación de la Ley Bitcóin, en junio, agregó un elemento que no estaba contemplado inicialmente en las conversaciones.
En julio, Gerry Rice, director de Comunicaciones del organismo, dijo que a los temas discutidos como la economía y las finanzas del país, se había agregado el de la Ley Bitcóin. La transparencia fiscal, gobernanza económica y la lucha contra la corrupción también estaban sobre la mesa.
“Los SAF incluyen condiciones específicas centradas en reformas estructurales para corregir deficiencias institucionales o económicas”, destacaron las organizaciones salvadoreñas en su carta al Fondo Monetario.