MILLONES Los candados que desaparecen del presupuesto 2022
Las plazas ad honorem ya no quedan prohibidas, tampoco la contratación de seguros médicos privados para funcionarios, entre otros. Expertos vislumbran cuesta arriba en transparencia.
Varios candados que obligaban al Gobierno de El Salvador (GOES) a ser transparente y rendir cuentas en cuanto al presupuesto 2021 han sido eliminados del proyecto de ley del presupuesto del año 2022.
A los artículos de la ley del presupuesto 2022 le quitan la prohibición expresa de las plazas ad honorem en la Administración Pública, ya sea por ley de salarios, contrato o cualquier otra modalidad.
También eliminan la obligación de Hacienda de enviar informes mensuales detallando los ingresos recaudados y los proyectados a la Asamblea Legislativa y a la Corte de Cuentas de la República (CCR), para verificar que se vayan cumpliendo las estimaciones de ingreso.
La prohibición de utilizar recursos públicos, incluso de las instituciones autónomas, para financiar operaciones de sociedad, empresas o entidades que no correspondan a las funciones que el giro legal les exprese, es otra que desaparece del proyecto de ley del presupuesto para el próximo año.
Además, contratar seguros médicos hospitalarios para funcionarios en cualquiera de las instituciones del sector público ya no estará prohibido.
De igual forma, en el articulado del presupuesto del 2022 queda eliminada la participación del Comité de Seguimiento y Veeduría del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, instancia social que surgió a partir de que al Gobierno le autorizaron emitir $2,000 millones en deuda para paliar la emergencia por covid-19.
En los últimos artículos de la Ley del Presupuesto 2021 quedaron fijadas las mencionadas prohibiciones; esto, según dijeron los diputados cuando estaban por aprobar la normativa, lo agregaron para evitar irregularidades en el manejo de los fondos y obligar, de alguna manera, al Gobierno a rendir cuentas y a permitir que la Corte de Cuentas hiciera contraloría.
La inclusión de estos candados en el presupuesto de este año fue una decisión que tomaron los partidos de oposición, quienes en la legislatura pasada eran mayoría dentro de la Asamblea. Su exclusión, al contrario, es decisión de Hacienda.
Así consta en el documento que el ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, llevó a la Asamblea, y que por parte del oficialismo no ha sido publicado ni difundido.
La rendición de cuentas y transparencia ha sido una de las deficiencias que señalan diversos sectores al gobierno. Pese a esto, Hacienda cierra los canales en los que podría haber un flujo de información a verificar por instituciones de control. Teniendo como antesala lo anterior, el panorama que pintan expertos en transparencia y rendición de cuentas es sombrío.
German Rivera, abogado constitucionalista y presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), considera que la eliminación de estos candados en el articulado de la ley del presupuesto amplía la discrecionalidad con la que las instituciones manejan los fondos públicos.
“El año pasado se puso como una obligación de rendir cuentas, pero lo que sucede es que las instituciones ya estaban cooptadas y, por lo tanto, de nada servía que aún y cuando estuviera en la ley no se cumplía porque las instituciones ya no funcionan. Al final, que ahora las mantengan como obligación o que las quiten como obligación, lo único que deja entrever es que las instituciones de control no funcionan”, enfatiza el abogado.
Sobre el manejo de fondos que ha hecho este Gobierno, hay diversos señalamientos incluso vertidos en informes de la Corte de Cuentas.
Uno de estos es a la Dirección General de Tesorería (DGT), una dependencia del Ministerio de Hacienda. En este caso, el equipo de auditores de la Corte determinó que la DGT no presentó ningún respaldo de la ejecución de hasta $1,000 millones. De acuerdo con el informe, este dinero fue movido por Hacienda a través de transferencias directas.
En el contexto de la emergencia por covid-19 es donde más surgieron señalamientos contra el gobierno por irregularidades en el manejo de los fondos. A raíz de esto, fue que incluyeron los candados en el presupuesto 2021.
“A este Gobierno, esté o no esté en la ley, no le interesa el tema de rendición de cuentas, eso hay que tenerlo bien claro. No porque esté en la ley, el Gobierno lo va a cumplir. Eso hay que eliminarlo de análisis: si está en la ley el Gobierno lo va a cumplir. No es así. El Gobierno se ha caracterizado por evadir el cumplimiento de la ley y en algunos casos se ha visto obligado a modificar la ley porque hay un interés de por medio”, sostiene el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.