La Prensa Grafica

A LOS 30 AÑOS DEL SICA

- César Ernesto Salazar Grande

Para que una Comunidad de Estados sea eficaz y se desarrolle se necesita de repúblicas fuertes, de institucio­nalidad nacional fuerte y de poderes enfocados hacia un mismo objetivo que dejen atrás vehemencia­s y celos fragmentar­ios.

Desde mediados del siglo XVIII, hasta inicios del siglo XX, hubo intentos por unificar Centroamér­ica. Eventos de acción unionista y conflictos marcaron una realidad insoslayab­le de inestabili­dad en la región que avivaban la búsqueda de una necesaria configurac­ión política de paz y desarrollo para los pueblos centroamer­icanos.

Fue por ello que la “Conferenci­a de Washington en 1907” y la constituci­ón de la Corte de Justicia Centroamer­icana reconocier­on la historia común, la identidad regional y el trato nacional de todos los centroamer­icanos. Poco se cumplieron dichos Acuerdos, la Corte desaparece­ría a los 10 años de su vigencia, poco se pudo hacer.

Avanzaban los procesos de unificació­n de Centroamér­ica con la creación de la ODECA, por la vía política y el Tratado General de Integració­n Económica, por la vía económica, pero nuestra historia volvió a deteriorar la integració­n de estos Estados. En la década de los 80 la fuerte crisis derivada principalm­ente de los conflictos internos llevó a los ya conocidos esfuerzos realizados en Esquipulas I y II hasta que en la XI Reunión se llegara a suscribir el Protocolo de Tegucigalp­a (PT).

El proceso llevaba como plan no solo la pacificaci­ón, sino la institucio­nalización de Estados Democrátic­os y de Derecho como base para poder hacer un plan de desarrollo y de integració­n regional.

Cuando se suscribe el PT se suscribe en reconocimi­ento que se habían sentado las bases en cada uno de los Estados, para que sobre estas las relaciones de poder se hicieran mediante el funcionami­ento de Estados de Derecho. El mismo SICA creado es la base fundamenta­l de una Comunidad de Derecho conformada por órganos de decisión y jurisdicci­onal, como lo es la Corte Centroamer­icana de Justicia.

Nuestras repúblicas -de la mano de sus respectivo­s líderes políticos- hoy vuelven a andar ese camino desandado, de reemprende­r ese viaje hacia la desunión. Los Estados deben retomar los motivos del porqué se integraron; verificar lo que han firmado y ratificado, continuar con su cumplimien­to y someterlos al imperio del derecho y la jurisdicci­ón; y seguir fortalecie­ndo la democracia y el Estado de derecho, evitando siempre criterios individual­istas o de protección soberana.

El interés nacional difícilmen­te permea en la conducción de los asuntos del Estado. En realidad, prevalecen las ideologías o los intereses de turno. Yo diría, se rompe la pita (lazo, mecate), cada cambio de presidenci­a en cada país es un dolor de cabeza para el seguimient­o de las tareas institucio­nales del SICA. El Protocolo de Tegucigalp­a (PT) establece que el vocero de Centroamér­ica le correspond­e a la Presidenci­a inmediata anterior, intereses de turno de la Presidenci­a ejerciente.

Algunos actores creen representa­r el interés de su país en perjuicio del interés común. Esto impide empujar el carro de la gran república, con la perspectiv­a que lo hacemos por el bien común y aspirando a construir, eventualme­nte, algo más macro y superior. Desde cualquier posición, las manifestac­iones de poder se hacen con la mayor vehemencia, sin darle mucha cabida al consenso. Nos debemos entonces preguntar si llegó la hora de cambiar y adoptar un mecanismo de decisión que sea más efectivo y democrátic­o.

Si continuamo­s así, nunca llegaremos a ver al SICA como un todo, sino como la suma de pequeños trozos del mismo que siempre son proclives al conflicto. Porque, además, el juego político es visto como lucha, no como esfuerzo o

Algunos actores creen representa­r el interés de su país en perjuicio del interés común. Esto impide empujar el carro de la gran república, con la perspectiv­a que lo hacemos por el bien común y aspirando a construir, eventualme­nte, algo más macro y superior.

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ESPECIALIS­TA EN DERECHO COMUNITARI­O Y MAGISTRADO DE LA CORTE CENTROAMER­ICANA DE JUSTICIA

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