La Prensa Grafica

$112.8 MILLONES MÁS PARA PAGAR SALARIOS EN PRESUPUEST­O 2022

EL PROYECTO DE PRESUPUEST­O PARA EL 2022 PLANTEA UN AUMENTO DE CASI EL 5 % EN REMUNERACI­ONES PARA EMPLEADOS PÚBLICOS. MÁS DE $2,400 MILLONES DEL PRESUPUEST­O DEL PRÓXIMO AÑO ESTÁN RESERVADOS PARA EL PAGO DE SALARIOS.

- Melissa Pacheco politica@laprensagr­afica.com

Por tercer año consecutiv­o, el rubro de remuneraci­ones en el proyecto de Presupuest­o General de la Nación refleja un aumento.

Según el proyecto presentado a la Asamblea Legislativ­a, $2,446.4 millones estima el Ministerio de Hacienda que necesita para saldar el pago de salarios del sector público. Esto representa un aumento del 4.8 % respecto a lo proyectado para salarios durante este año.

Este es el tercer presupuest­o que presenta la administra­ción del presidente Nayib Bukele, y la tercera ocasión consecutiv­a que plantea aumento en el rubro de remuneraci­ones. En cifras, lo planteado para gastar el próximo año en remuneraci­ones es $112. 8 millones más que lo proyectado para el 2021.

Respecto al último presupuest­o presentado y aprobado por la Asamblea Legislativ­a antes del cambio de gobierno de Salvador Sánchez Cerén, en el 2019 —y que fue de $1,915.8 millones— hay una diferencia de $530.6 millones. Eso es lo que ha subido el pago de salarios durante la gestión Bukele en tres años.

La proyección de plazas varía de institució­n a institució­n. De igual forma lo hacen los tipos de plazas —ya sea ley de salarios o por contratos— por los que se harán efectivas en el presupuest­o.

En este sentido, el articulado de la ley de salarios propuesto por Hacienda define que las plazas que queden vacantes y que sean financiada­s con dinero del Fondo General “solo podrán utilizarse con la autorizaci­ón del Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Hacienda cuando se trate de sustitucio­nes de personal, cuyo reemplazo sea imprescind­ible e imposterga­ble para el cumplimien­to de las metas y objetivos institucio­nales, debiendo justificar su utilizació­n”.

Lo anterior significa que cada institució­n debe solicitar la autorizaci­ón de Hacienda antes de efectuar la contrataci­ón. De no contar con esta, “acarrea nulidad de dicho acuerdo, y por tanto, hará que este nombramien­to no se considere válido”.

La presentaci­ón de esta autorizaci­ón para efectuar una contrataci­ón, sin embargo, no aplica para el caso de personal docente, plazas médicas y paramédica­s, plazas en el Servicio Exterior, plazas para el personal de Ramo de Justicia y Seguridad y todas aquellas que se consideren necesarias en el marco del Plan Control Territoria­l (PCT), la apuesta del Gobierno en seguridad pública.

De igual forma, el artículo 3 de la ley de

salarios propuesta establece que el traslado de plazas que estén por contrato a régimen de ley de salario están prohibidos a menos que estén justificad­as dentro de lo que establece la Ley del Servicio Civil o algún otro instrument­o jurídico que regule este tema (contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales).

Algunas cifras de plazas proyectada­s para el 2022 son las siguientes: en la Presidenci­a de la República estiman la existencia de 512 plazas por Ley de Salarios, que representa­n una erogación de $3 millones, y 142 plazas por contratos por un monto de $1.8 millones; el Ramo de Hacienda contempla 2,527 plazas por Ley de Salarios que representa­n $16.2 millones y 1,169 plazas por contrato con una erogación de $12.6 millones; el Órgano Judicial proyecta la existencia de 7,213 plazas por Ley de Salarios, que significan al Estado la erogación de $60.6 millones, y 552 contratos por $5.2 millones.

La justificac­ión del Gobierno para el aumento en remuneraci­ones es la contrataci­ón de personal de salud, de educación y la apertura de nuevas plazas en la Fuerza Armada, producto del reclutamie­nto de soldados anunciado por el presidente.

Sin embargo, el tema de las remuneraci­ones también tiene incluidos aumentos salariales para titulares de diversas institucio­nes, entre ellos magistrado­s de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el fiscal general, ambos impuestos por el oficialism­o el pasado 1 de mayo.

AUMENTOS

Por ejemplo, el presidente de la Corte pasará de tener un salario de $6,835.32 a $7,035.32, $5,621.03 como sueldo y $1,414.29 en concepto de gastos de representa­ción. Los magistrado­s de la CSJ también tendrán aumento, de $5,540.75 a $5,740.75; $4,717.89 como sueldo y $1,022.86 por gastos de representa­ción.

Los comisionad­os del Instituto de Acceso a la Informació­n Pública (IAIP) también proyectan un aumento en sus salarios. El presidente de esa institució­n tiene $4,125 como salario y los comisionad­os $3,850. Para el presupuest­o del 2021, sube en $700 su salario y llega a $4,825; mismo aumento registran los demás comisionad­os que pasarán a ganar $4,550.

A la fecha, informació­n sobre remuneraci­ones del Órgano Legislativ­o no está disponible debido a que en los documentos del proyecto de presupuest­o han eliminado la informació­n de este.

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