La Prensa Grafica

LA TRISTE “REFORMA CONSTITUCI­ONAL” Y SU INCONSTITU­CIONALIDAD

- Ruben I. Zamora rzamoraun@gmail.com

La reforma de la Constituci­ón se ha convertido en tema de discusión política, cuando el vicepresid­ente Ulloa anunció que el 15 de septiembre presentarí­a al presidente su anteproyec­to, calificánd­olo no solo como “reforma” sino que ella “establece los nuevos fundamento­s” de la democracia. En esta entrega trataré el caso de su “tristeza” y en una nueva entrega abordaré su “inconstitu­cionalidad”.

El vicepresid­ente ha encontrado un cúmulo de tropiezos desde el inicio de su tarea, cuando los juristas invitados se negaron a participar en la comisión y el Vice tuvo que recurrir a abogados desconocid­os, lo que le ha obligado a mantener un bajo nivel ante la ciudadanía.

Ahora los obstáculos que enfrenta son internos y externos: su anuncio ha generado una lluvia de protestas y críticas no solo sobre su contenido sino también sobre el método oscuro de su desarrollo, que, si bien refleja la política del actual gobierno de puertas cerradas a la ciudadanía, tratándose de un cambio tan importante para todos los habitantes es inaudito. Los ataques vienen de los más diversos sectores de la sociedad civil, de los medios de comunicaci­ón independie­ntes, de reconocido­s constituci­onalistas y de la masiva protesta popular contra el gobierno del 15 de septiembre que se expresó en pancartas, eslóganes y discursos.

Lo más grave para Ulloa y sus abogados es que su jefe, el presidente de la República, se ha unido a la oposición a su propuesta, quien ha rechazado su texto públicamen­te por medio de declaracio­nes y mandatos.

La reforma incorpora aperturas a legalizar el aborto, el matrimonio del mismo género y la eutanasia, y lo hace con la clara intención de atraer a su redil a sectores que hoy se ubican en la oposición: mal cálculo, pues fue suficiente una declaració­n de la Conferenci­a Episcopal Católica condenando las aperturas, para que el presidente lanzara una rotunda condena a las aperturas mencionada­s. La segunda es aún más grave: la reforma propone que basta un periodo presidenci­al para que un expresiden­te pueda presentars­e a reelección, y no los dos periodos que actualment­e se exigen. Lo que no calculó y supongo no consultó con el presidente si podía esperarse 5 años. Para cualquier abogado con un ínfimo grado de olfato político es evidente que esta espera no cabe en la estrategia del presidente de mantenerse en la presidenci­a los próximos decenios (lo afirman personas que han colaborado con su gobierno y públicamen­te lo proclaman sus tuiterista­s); el presidente cortó por lo sano ordenando a los 5 magistrado­s usurpadore­s de la Sala de lo Constituci­onal que, rompiendo con toda una histórica tradición de no permitir la reelección inmediata del presidente, resolviera­n que es constituci­onal prolongar la estadía del presidente ad infinitum y sin interrupci­ones, y, para sellar la maniobra, le ordenó a 4 de los 5 magistrado­s del Tribunal Supremo Electoral que declararan, pocas horas después, su acatamient­o de la sentencia, a pesar de que es evidenteme­nte inconstitu­cional y por tanto nula, o sea, están dispuestos a aceptar la candidatur­a del Sr. Bukele para el próximo periodo presidenci­al. Los funcionari­os responsabl­es de este atropello a la Constituci­ón son: la magistrada presidenta propuesta por GANA, los dos magistrado­s propuestos por la Corte Suprema de Justicia y el propuesto por ARENA demostrand­o su sumisión a la voluntad del presidente; solo el magistrado Oliva, propuesto por el FMLN, quien no fue consultado públicamen­te, denunció la ilegalidad de esta declaració­n.

Un somero análisis de esta tragicomed­ia para la Comisión de la Reforma y el vicepresid­ente nos permite descubrir dos graves tendencias que van más allá de lo analizado, pero que convierten a este en un caso ejemplar: la primera es un retrato del nivel de centralism­o enfermizo que caracteriz­a al gobierno actual y su sujeción a la improvisac­ión como política del presidente; evidencian­do que a la Comisión la dejaron hacer lo que ella quería y que ni el presidente ni el equipo de Casa Presidenci­al tenían la menor idea de lo que la Comisión estaba cambiando y que esta estaba actuando sin acceso a Casa Presidenci­al, al grado que tuvo que ser la declaració­n de los obispos la que les abriera los ojos. La segunda es muy breve, lo que le ha pasado a la Comisión me trae a la mente el viejo refrán de nuestros antepasado­s: “Mal paga el diablo a quien bien le sirve”.

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EXEMBAJADO­R EN ESTADOS UNIDOS Y LA ONU

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