$7,967,700,000 PARA EL ESTADO

Esta enorme cantidad de dinero es el monto total del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2022, presentado por el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación acorde a las reglas y principios constitucionales.

La Constitución establece los principios presupuestarios que deben cumplirse durante la discusión y aprobación: unidad, universalidad, equilibrio, oportunidad y transparencia. Lo anterior con el objeto de asegurar el buen uso de los fondos públicos para cumplir la obligación del Estado de “asegurar a los habitantes, el goce de la libertad, salud, cultura, bienestar económico y justicia social”, como lo estipula el artículo 1 de la Constitución.

Para propiciar el debate y la atención pública, una revisión preliminar del proyecto de presupuesto a la luz de estos principios advierte las mismas preocupaciones de siempre, puesto que se repiten las deficiencias señaladas por académicos y organismos internacionales en el pasado.

Al respecto, es alarmante la reducción en la rendición de cuentas y transparencia al realizar una revisión inicial a la propuesta del Gobierno. Inicialmente porque no fue divulgado en el momento oportuno y tampoco los canales de transparencia y gobierno abierto que venía siendo compartido en los últimos años.

Además, es preocupante la eliminación de prohibiciones que buscaban asegurar el buen uso de los fondos, tales como la prohibición de las plazas ad honorem o la contratación de seguros médicos privados para funcionarios, así como la eliminación de obligaciones de presentar informes periódicos a la Corte de

Cuenta y a los espacios de veeduría ciudadana. En general, estos cambios regulatorios amplían la discrecionalidad con la que las instituciones manejan los fondos públicos, lo cual despierta sospecha dado los conocidos casos de corrupción del pasado y los presuntos casos actuales.

El principio de universalidad presupuestaria implica que debe incluir todos los ingresos y todas las erogaciones; no obstante, podría existir un incumplimiento al respecto. Por un lado, las estimaciones de gastos parecen menores a los montos reales dado el comportamiento de esas cuentas; y, por otro lado, las estimaciones de ingresos son muy superiores al comportamiento. Por ejemplo, los aumentos esperados en el impuesto sobre la renta y el IVA no coinciden con el comportamiento histórico, a menos que se contemple aprobar un aumento a dichos impuestos. Esta situación generaría también un equilibrio artificial, situación que también vulnera el principio presupuestario de equilibrio y que, si bien ha sido una práctica recurrente en el pasado, sigue siendo contraria a la Constitución.

Al respecto, es importante reiterar que una reforma legal que implique un aumento de impuesto a la renta o al IVA no debe ser caprichoso o únicamente enfocado en el aumento de la recaudación público, sino también debe tener en cuenta otras finalidades públicas, por ejemplo, la igualdad entre los contribuyentes, las consecuencias no deseadas como el aumento del contrabando, o las condiciones favorables para incentivar la inversión o la incorporación a la formalidad.

$7,967 millones es una cantidad de dinero tan cuantiosa que su discusión es necesaria y justa, y debe seguir las reglas y principios constitucionales porque es la única manera de asegurar que los fondos persigan el bien común.

Es alarmante la reducción en la rendición de cuentas y transparencia al realizar una revisión inicial a la propuesta del Gobierno.